Será uno, sino el más, importante de los temas a resolver por el gobierno municipal para cuando (ojalá sea pronto) pase todo esto.
Nadie lo dice a viva voz por ahora, pero por los pasillos del Palacio Municipal y por las oficinas del Concejo Deliberante, saben todos (o casi todos) que la situación de las dos empresas Sapem, la de Transporte y la Ambiental, deberá ser exhaustivamente analizada y definida para salir de una crisis que se presume puede ser ruidosa, al menos en el caso de la de Transporte.
Por estas horas lo que parecía un conflicto incipiente con el Sindicato de Trabajadores Municipales, habría quedado zanjado tras una conversación telefónica que mantuvieron en las últimas horas el Secretario Tomás Marisco y el asesor legal del gremio, Sebastián Martínez.
Anoche el sindicato se había puesto en “guardia” luego de recibir un borrador del convenio por el que se traspasaba a los 34 empleados de la Sapem a la planta permanente del estado municipal.
Es que se decía allí que todos pasaban con la antigüedad y a la categoría 8, por lo que recibirían una bonificación del 15 por ciento sobre el sueldo establecido para ese escalafón.
“Ni loco aprobamos ese convenio”, dijeron cerca de Agüero tras la consulta con Martínez. Primero porque no es legal que pasen con la antigüedad de una empresa privada ( ponele) a una repartición estatal, y segundo porque el resto de los trabajadores de planta aún están esperando que se cumpla el compromiso del 15 por ciento establecido en paritarias y que todavía no se cobró como consecuencia de la crisis por la pandemia.
Según las versiones, enterados de la eventual polémica, desde el municipio se le habría informado al sindicato que ese borrador no fuese tenido en cuenta. “Fue un error”, habrían dicho.
La cuestión ahora podría trasladarse a otra polémica, o a la misma, pero con otro sindicato: el de la UTA.
Es que la mayoría de esos trabajadores que pasan de la Sapem son afiliados al gremio que dirige Ricardo Pera. La inquietud ahora desde algunos sectores, incluso del oficialismo, es: “no sea cosa que hayamos solucionado la cuestión con el sindicato de municipales, y ahora tengamos problemas con Ricardo y sus muchachos”.
A todo esto, empieza a tomar cuerpo en el ámbito del HCD otro eventual punto para la discusión.
Los que integran el Frente de Todos y el bloque personal de Gabriela Schieda están a la espera de que llegue el decreto por el cual se ratifica la prórroga de la concesión a los empresarios del Transporte Urbano de Pasajeros.
Como lo habíamos adelantado hace más de 15 días, y lo ratificaron autoridades municipales en el transcurso de esta semana, la extensión del contrato para que cumplan el servicio será por cinco años.
En función de ese tiempo, los concejales están consultando a los abogados que conocen derecho administrativo, para que les digan si una decisión de esa naturaleza (la prórroga de la concesión por cinco años) se ajusta a derecho según el art. 231 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
A todo esto, si bien es cierto, no presenta las mismas dificultades económico/financieras de la Sapem Transporte (al contrario, sus números estarían equilibrados), hay funcionarios en el gabinete del intendente Héctor Gay que cada vez que pueden, tiran sobre la mesa la posibilidad de privatizar la recolección domiciliaria de residuos.
Y hasta hubo quién (acostumbrado a la lógica de las decisiones que se pueden tomar en empresas privadas) manifestó la idea directamente de liquidar a la Sapem Ambiental. Aparentemente mucho no prosperó cuando le hicieron notar que había que poner “una montaña de plata” para llevar a cabo eso.
Claramente hoy la preocupación está centrada en el coronavirus, Es la pandemia y la crisis la que marcan los tiempos y las prioridades, pero así y todo, esta idea de la privatización de la recolección domiciliaria de los residuos, supo de algunos movimientos.Por ejemplo, de acuerdo con “el chimentero” no hace mucho hubo una viaje a Buenos Aires de funcionarios municipales del área con algunos asesores para visitar oficinas de la empresa Cliba. Se trajeron como respuesta, que si la municipalidad de Bahía Blanca quiere dar ese paso el día de mañana, “nosotros podríamos estar interesados en volver”. Por último, y para demostrar que es un tema que deberá ser resuelto y que ha comenzado a generar preocupación en el gobierno municipal, no solo el análisis pasa por la cuestión económico/financiera (muy especialmente en el caso de la Sapem Transporte que casi no da para más), sino también en los aspectos formales de la constitución de las dos. Concretamente, habrían llegado y por ahora solo en forma verbal, fuertes cuestionamientos desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre la conformación societaria. “Resuelvan esto, tenemos más de mil Sapem en toda la Provincia, y la de ustedes es la única que mantiene esa estructura societaria con más del 98 por ciento de las acciones en manos del estado municipal, ya prácticamente no son Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, sino son casi Sociedades del Estado y por lo tanto deben encuadrarse legalmente de otra manera”, palabras más, palabras menos, habría sido el mensaje, tipo ultimátum, desde La Plata. Pospandemia, las dos Sapem esperan decisiones.