Condenaron a empresas agropecuarias de Eurnekian por daños que produjeron las fumigaciones en campos chaqueños

La Justicia de la provincia del Chaco dictó una sentencia que marca un precedente en materia de derecho ambiental y protección de los derechos humanos. La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa condenó al Estado provincial y a las empresas agropecuarias MARFRA SA y Unitec Bio SA —ambas pertenecientes al grupo empresario liderado por Eduardo Eurnekian— por el impacto de las fumigaciones sistemáticas en los campos del establecimiento Don Panos, ubicados entre las localidades de Pampa del Indio y Presidencia Roca.

Las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas declararon ilegítima la forma en que el Poder Ejecutivo local venía aplicando la Ley de Biocidas. El tribunal concluyó que la provincia incumplió con sus obligaciones constitucionales de resguardo ambiental, dejando desprotegidas a las familias campesinas y a los integrantes de las comunidades indígenas Qom que habitan en las inmediaciones del predio productivo.

La demanda judicial se originó tras años de reclamos administrativos, denuncias públicas y advertencias de organizaciones sociales frente a un modelo de producción agrícola intensiva que avanzó sobre los asentamientos humanos. Habitantes de las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco venían alertando desde mediados de la década del 2000 que las aplicaciones aéreas y terrestres alcanzaban sus hogares.

La situación alcanzó un punto crítico en octubre de 2021, cuando una serie de pulverizaciones aéreas en lotes de MARFRA SA provocó daños severos en huertas familiares y escolares, vegetación nativa y un cuadro de intoxicación masiva que derivó en la internación de dos niños.

Entre las pruebas fundamentales que sustentan el fallo judicial, se destacan:

• Estudios del CONICET y la UBA: Científicos de ambas instituciones detectaron presencia de glifosato en pozos domiciliarios, aljibes, lagunas y cursos de agua naturales de la zona.
• Aptitud para el consumo: El informe determinó que el 90% de las muestras de agua analizadas no cumplían con las exigencias del Código Alimentario Argentino para el consumo humano.
• Estudios biomédicos: Se identificaron múltiples residuos de plaguicidas directamente en muestras de sangre y orina tomadas a los pobladores afectados.

Fuente: NA