También hubo otras visitas de funcionarios a detenidos por delitos de Lesa Humanidad en la Unidad 34 de Campo de Mayo

La visita a Alfredo Astiz por parte de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) no fue la única con carácter oficial. El Ministerio de Defensa confirmó lo que había revelado este diario: Luis Petri envió a dos de sus hombres a la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Allí están alojados algunos emblemas de la dictadura como el cura Christian Federico Von Wernich o Julio Simón –conocido como el “Turco” Julián–. También se encuentra Athos Renés, el suegro del número dos de Defensa, Claudio Pasqualini.

Los funcionarios no se fueron con las manos vacías, según pudo reconstruir Página/12: se llevaron un boceto de decreto para declarar que todos sus crímenes ya no se pueden perseguir por el paso del tiempo, lo que estaría en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema que sostiene que son delitos imprescriptibles.

“La visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo fue realizada por el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, licenciado Guillermo Madero, y por el director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, abogado Lucas Erbes, el día 7 de marzo con el objetivo de visitar y ver el estado de las instalaciones”, dice la contestación a un pedido de acceso a la información que realizó este medio. 

Es una confirmación de que las unidades que alojan genocidas –la 31 (Ezeiza) y la 34 (Campo de Mayo)– se convirtieron en un destino frecuente desde el 10 de diciembre. Algunos de los diputados que se encontraron con Astiz ya habían estado con otros represores que están encarcelados en la guarnición militar.

La visita se inscribe en una “nueva impronta” que Petri quiere darle al área de derechos humanos del Ministerio de Defensa, que reivindique la “memoria completa” –el concepto que se horneó dentro de la jefatura del Ejército, a finales del siglo pasado, para responder al reclamo de memoria, verdad y justicia de los organismos de derechos humanos.

Tan solo 21 días después de la visita a Campo de Mayo, Erbes comunicó el despido de los expertos que relevaban y analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas por crímenes de lesa humanidad. Petri los acusó de ser un “grupo parajudicial” que hacía “macartismo” contra los militares.

Los organismos de derechos humanos denuncian desde hace años que la Unidad 34 de Campo de Mayo es una cárcel VIP para criminales que vistieron uniforme. Se cerró en 2013 y fue reabierta durante el macrismo. Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), actualmente hay 56 personas presas por delitos de lesa humanidad en ese lugar.

Fuente: Página 12 (Luciana Bertoia)