Sur Finanzas: detuvieron a Ariel Vallejo, el financista cercano a “Chiqui” Tapia

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, resolvió este viernes la detención de Ariel Vallejo en función de haberse detectado riesgos procesales concretos y a su vez se dispuso ampliar las declaraciones indagatorias de dieciséis personas ya imputadas en la causa que investiga al grupo Sur Finanzas, y citó por primera vez a otras cinco. 

También convocó a diecisiete sociedades vinculadas al grupo para que respondan como personas jurídicas, dos de las cuales ya habían sido indagadas, informaron a Clarín fuentes judiciales.

La medida se tomó en el expediente FLP 29107/2025, al que se acumuló el FLP 50354/2025, que tramitan ante la Secretaría N° 11. Las nuevas imputaciones surgen de información que llegó a la causa después de las indagatorias de mayo a julio de este año, en particular informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), del Banco Central y de la cámara compensadora COELSA, además del análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos de diciembre de 2025.

Según la hipótesis del juzgado, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 se habría constituido una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero bajo diversas modalidades. El sistema, estaba a cargo de Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y consistía en darle apariencia legitima a dinero de origen ilícito. Ese dinero provendría, en primer lugar, de operaciones de cambio de moneda extranjera realizadas fuera de las normas por una agencia del grupo, y habría circulado luego por cuentas bancarias, por la billetera virtual Sur Finanzas PSP y por la compra de inmuebles y vehículos pagados en efectivo.

La resolución describe seis líneas de investigación: la asociación ilícita; el origen cambiario de los fondos; su inversión en bienes y sociedades; el uso de la billetera virtual para mover dinero a través de cuentas de terceros; los movimientos de fondos y bienes en torno a los allanamientos; y la evasión de impuestos por parte de tres sociedades del grupo. Del relevamiento efectuado por el juzgado sobre los hechos imputados surge un perjuicio fiscal superior a los $12.700 millones, mientras que la pretensión total estimada por ARCA, que incluye otros tributos, supera los $23.000 millones. A ellas se suman hechos individuales atribuidos a empleados del área de sistemas y de prevención de lavado, y a personas que figuraron como titulares de bienes o cuentas.

Las audiencias se realizarán a partir del día de la fecha en la sede del juzgado. En esa instancia los citados podrán declarar o negarse a hacerlo, y conocerán las pruebas reunidas en su contra. Las sociedades deberán designar un representante que no esté imputado en la causa.

El llamado a indagatoria no implica un juicio sobre la responsabilidad de las personas convocadas, que gozan del principio de inocencia. La situación procesal de cada una se resolverá después de recibidas las declaraciones.

Fuente: diario Clarín