Las empresas que producen en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis cuestionaron con dureza el proyecto de Ley impulsado por Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy.
El proyecto de ley que impulsa la denominada “Liga Bioenergética” para reformular el marco normativo que rige en los biocombustibles encontró un fuerte escollo interno: una cámara que representa a pymes del biodiésel salió a cuestionar con dureza esta iniciativa.
Cabe recordar que la Liga Bioenergética es una alianza política de gobernadores y legisladores de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy: Santa Fe es la principal productora de biodiésel, pero del que se exporta (las aceiteras están excluidas de participar en el corte al gasoil del mercado interno), mientras que Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy son los mayores productores de bioetanol (de maíz y de caña de azúcar).
En el reciente Congreso Internacional de Maíz, se firmó un acta de intención para impulsar esta nueva ley y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, criticó con dureza la falta de una política de impulso a los biocombustibles, asegurando que genera un daño similar al de las retenciones.
En este marco, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que representa a las empresas productoras de biodiésel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, manifestó en un comunicado su “completa oposición al proyecto de ley de modificación de la Ley 27.640 de Biocombustibles elaborado por la denominada Liga Bioenergética”.
Para fundamentar su rechazo, la CEPREB formuló las siguientes observaciones, que se transcriben de manera textual:
“Por lo anteriormente mencionado y en función de establecer un debate serio sobre los biocombustibles y la industrialización de la biomasa, desde la CEPREB solicitamos a los Diputados y Senadores que no se avance con el tratamiento de un proyecto de ley redactado por las grandes empresas en detrimento del desarrollo del interior”, continuó la entidad con sus críticas.
Y recordó que están comprometidos con el desarrollo regional, el agregado de valor en la cadena de la biomasa, la generación de empleo, el cuidado del medioambiente y el desarrollo del país.
“Creemos que toda Ley es perfectible y que sin dudas la Argentina puede y debe aumentar el corte de biocombustibles, pero no podemos avalar que bajo ese argumento compartido por todos se intente aprobar un proyecto que viola la seguridad jurídica y castiga a quienes invirtieron en el país bajo una Ley que les dio un marco normativo que vence en 2030”, finalizó.