El Centro de Estudios Legales y Sociales manifesto la urgencia de que "las autoridades aseguren un traslado que esta vez sea respetuoso de los derechos humanos".
La jueza federal subrogante revisó de este modo su decisión anterior, que había generado una ola de críticas por enviar a las mujeres a 1.600 kilómetros de su lugar de residencia, y justificó el cambio a que se obtuvieron “nuevos cupos para el alojamiento” de estas detenidas en la Unidad Regional V de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche.
La magistrada señaló que como a tres de las siete mujeres detenidas, al ser madres con hijos, se les dictaría la prisión domiciliaria, la sede regional de la PSA en Bariloche “obtendría nuevos cupos para el alojamiento”, lo que permitiría llevarlas a ese predio, “único lugar de la órbita federal que cuenta con lugares de detención en la jurisdicción”.
En su resolución, la jueza federal subrogante citó incluso la Regla de Bangkok N° 4 de la asamblea general de la ONU, que “prevé que las mujeres privadas de libertad serán enviadas, en la medida de lo posible, a centros de reclusión cercanos a su hogar o a centros de rehabilitación social, teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas”.
“Hoy sábado, a las 2 de la madrugada, la jueza subió una cédula (al sistema de gestión judicial de expedientes) disponiendo que trasladaba a las cuatro detenidas que están en Ezeiza a la Unidad 5 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche“, señaló la abogada, Andrea Reile, que patrocina a las detenidas junto a su colega Ezequiel Palavecino.
El traslado desde Ezeiza a Bariloche se concretaría este sábado, estimaron fuentes judiciales de Río Negro, y el procedimiento en principio estaría a cargo de la Policía Federal, ya que en la resolución de la jueza se instruyó al comisario inspector Sergio Brizuela de esa fuerza para que cumpla con la requisitoria, o en su defecto “al personal que a tal efecto designe”.
Fuente: agencia Télam.