La Provincia presentó la denuncia penal contra Milei y Caputo por el desvío del Fondo Hídrico

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, formalizó este miércoles la denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales por el uso del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. 

La presentación se hizo a primera hora en la Cámara Federal de San Martín, tal como había anticipado el lunes por instrucción del gobernador Axel Kicillof.

Tras el sorteo, la causa, registrada como FSM 66104/2026, quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín, a cargo de Emiliano Canicoba.

La denuncia alcanza también al secretario de Finanzas, Federico Furiase, al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y a todo funcionario o exfuncionario que desde el 10 de diciembre de 2023 haya tenido a su cargo la administración o el control del fondo, incluidos el tesorero general de la Nación y las autoridades del Banco Nación, que actúa como fiduciario.

Los acusa de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Este último delito prevé penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

El escrito sostiene que el fondo, que se integra con el 4,31% del impuesto a los combustibles, tiene por ley un “destino único e irrevocable”: financiar obras de infraestructura hídrica. Según los datos que cita, entre enero de 2024 y mayo de 2026 recaudó $375.422 millones, pero destinó a obras apenas $115.990 millones, el 30,9%. El 69,1% restante no se aplicó a su fin. La ejecución fue del 12,3% en 2024 y del 23,5% en 2025. En 2024, incluso, los gastos administrativos y operativos ($14.770 millones) superaron a lo pagado en obras ($11.500 millones).

El núcleo de la acusación es la colocación de esos recursos en deuda pública. De acuerdo con la denuncia, al 1° de junio de 2026 el fondo tenía $290.676 millones en Letras del Tesoro, el 85,5% de sus activos, que generaron intereses por $59.747 millones en los primeros cinco meses del año. En septiembre, una respuesta oficial a un pedido de acceso a la información elevó esa cifra a $303.370 millones. Para la Provincia, así el fondo se convirtió en acreedor del propio Estado nacional, que según su norma de creación no puede usar esos bienes para fines propios.

La presentación cita declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien habría dicho que “esos fondos se utilizan para el equilibrio fiscal”, y del secretario de Hacienda que en el Congreso sostuvo que los excedentes se invierten para que no pierdan valor. Katopodis responde que “ningún objetivo de política fiscal autoriza a aplicar recursos de afectación específica a un fin distinto del que la ley les asignó”. También rechaza que el Gobierno pueda ampararse en el DNU 425/2025, que obliga a los fondos públicos a invertir sus “excedentes transitorios” en Letras: a su juicio, ese decreto no permite colocar todo el fondo, y el supuesto excedente es producto de no haber ejecutado las obras.

El escrito detalla el impacto en territorio bonaerense. De 27 obras financiadas por el fondo en la Provincia, 17 están neutralizadas o con el convenio rescindido, por $37.158 millones. Algunas se frenaron con un alto grado de avance, como el saneamiento del arroyo Bedoya en Escobar (96%), la captación del arroyo Torres en Merlo (87%), los desagües de la cuenca Alto Perú en San Isidro (78,2%) y los de la zona noroeste de Colón (68%). La denuncia menciona además la ampliación del Río Salado, la mayor obra del fondo en la Provincia, que habría estado paralizada desde febrero de 2025 hasta su reactivación en octubre de ese año, a un ritmo menor al previsto.

Por la proximidad del período de mayor riesgo por El Niño, Katopodis pidió medidas urgentes: la preservación de toda la documentación del fondo, las instrucciones al fiduciario y las constancias de suscripción de Letras, y que los informes se requieran en plazo breve. Solicitó oficios al Ministerio de Economía, al Banco Nación, a la Jefatura de Gabinete, a la SIGEN y a la AGN, además de pericias contables e hidráulicas. El ministro se reservó el derecho de constituirse como querellante.

Cristian Girard habló de una “Asfixia financiera”

En la misma línea, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, cuestionó ayer al Gobierno nacional por no autorizar los créditos internacionales que la Provincia ya tiene aprobados para obras hidráulicas. “Tenemos aprobado un crédito internacional por parte de la institución que lo otorga, pero el Gobierno nacional no lo aprueba”, señaló en una entrevista a Infobae TV, y acusó a Caputo de no responder las notas ni sentarse a gestionar los pedidos.

Entre los proyectos frenados, Girard mencionó el plan de obras del río Salado, clave para mejorar el escurrimiento y reducir el riesgo de inundaciones ante la llegada de El Niño. Según explicó, el plan está dividido en cinco tramos: tres ya fueron ejecutados por la Provincia, el cuarto depende de Nación y está paralizado, y el quinto quedó a cargo de la administración bonaerense, que consiguió financiamiento internacional pero necesita que Nación no lo vete.

El funcionario recordó que el Gobierno nacional aprobó 18 créditos internacionales para diez provincias, mientras que Buenos Aires no obtuvo ninguno, y habló de “animosidad y discriminación” hacia el distrito. “El Gobierno nacional está aplicando una asfixia financiera feroz”, afirmó, y vinculó esa decisión con una estrategia electoral de cara a 2027.

Milei y Caputo le siguen impidiendo a la Provincia de Buenos Aires el acceso a créditos internacionales ya acordados, para avanzar con obras de infraestructura imprescindibles para los bonaerenses. Nos asfixian financieramente: hay una animosidad y discriminación evidente contra los argentinos que viven en la Provincia de Buenos Aires.

— Cristian Girard (@cristiangirard) October 20, 2026

Girard advirtió además que la actividad económica sigue en retroceso: según sus datos, la industria cayó seis puntos, la construcción diez y el comercio seis, sobre niveles que ya eran bajos el año pasado. Estimó que la Provincia perdió alrededor de 20.000 CUIT. “Hay una destrucción y una mortalidad de empresas que no se había visto”, sostuvo.

Fuente: diario Ámbito