Juicio político a la Corte: dura réplica de Rosatti y Rosenkrantz

Como si fuera una autopsia, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz diseccionaron el pedido de juicio político en contra de todos los miembros del máximo Tribunal y enviaron su réplica sobre cada uno de los cargos a la comisión de Diputados que se apuró a cerrar la acusación antes del tramo final de la elección. 

Con duras críticas a lo que consideraron irregularidades e “ilegalidades” cometidas durante las múltiples audiencias alimentadas casi en su totalidad por el oficialismo, ambos magistrados enviaron su respuesta para tildar en el checklist de cumplido uno de los requisitos, en un gesto que, por formal, no evita que se exhiba que pese a todo hay un respeto por el Congreso. 

Pero en la letra fina, despanzurran los cargos, delimitan qué es factible de formar parte de una acusación y qué cosas quedarían excluidas, señalan desconocimiento por parte de los legisladores de resortes elementales del Poder Judicial y apuntan a desnudar falencias en el debido proceso para las que hacen reserva de todos los recursos legales existentes.

Jactándose del cumplimiento preciso a todos los requerimientos de la comisión en cuanto a documentación –que llegó a las 15 mil fojas- y a facilitar los testimonios de su personal, ambos jueces utilizaron un apartado para mencionar los “vicios” que tuvo la acusación, algo que se deslizaba de manera informal pero ahora será incorporado a las actuaciones. Debido proceso y defensa en juicio los anotaron como faltantes; y que arrastrarían a la acusación hacia su eventual invalidez. Entre las más graves, enunciaron producción de prueba sin autorización judicial, la obtención de información violando el secreto fiscal y la utilización de los chats filtrados como prueba de cargo que ya habían sido descartados en causas judiciales. 

“Se cometieron ilicitudes en los interrogatorios a los testigos, como surge de la simple lectura de las versiones taquigráficas”, indicó Rosatti para quien cualquiera de estas cuestiones analizadas de forma aislada alcanzarían para voltear todo el proceso por nulo. Rosenkrantz, en 67 carillas hizo lo propio apuntó al modo “infiel” en el que se estaría utilizando el juicio político, de “carácter espurio”.

Reseñó que hubo hostigamiento a testigos y amenazas con denuncias por falso testimonio (ninguna salvo una que fue desestimada se cumplió, finalmente), no se permitió la asistencia de un abogado cuando había imputaciones penales de por medio y se abundó en presiones y “descalificaciones” personales como profesionales. Ámbito había advertido que la escasez de recursos de algunos diputados para los interrogatorios los hacía incurrir en infructuosas líneas que, frustrados, terminaban por dejar servido un escenario para que los acusen de hostigar. Más impericia que mala fe, en la mayoría de los casos.

Rosenrkantz fue bien filoso en su respuesta y no dudó en objetar cada una de las causales que le adjudican como intentos de socavar la independencia judicial mediante “interpretaciones” de sentencias que ocultan disconformidad. “Es evidente que se pretende enjuiciarme porque dicté sentencias o escribí votos que contrarían las preferencias ideológicas o políticas de algunos o muchos diputados”. No pasó por alto la ausencia de “rigor técnico” en la acusación.

En lo que hace a su descargo, Rosatti recorrió el caso de su asunción como presidente del Consejo de la Magistratura con auto voto y fustigó que no formó parte de ninguna denuncia inicial que fuera admitida por la comisión y que fue el propio cuerpo el que lo agregó cuando todo estaba en marcha en un presunto exceso de atribuciones. Recordó precedentes donde en la Corte ya se había ejercido un voto propio definitorio para elegir autoridades. También rechazó que haber quedado al frente del órgano de selección y remoción de jueces lo pusiera a ambos lados del mostrador en el caso del senador por la minoría: “Toda vez que dicho planteo se encuentra pendiente de decisión por parte de esta Corte, la refutación de este cargo implicaría necesariamente un indebido adelanto de opinión”.

“Como consecuencia de la declaración judicial de invalidez de esas supuestas conversaciones, no se ha podido indagar acerca de su veracidad, por lo que no resulta posible saber si las imágenes difundidas son producto de una maquinación fraudulenta”, afirmó respecto a los presuntos chats filtrados que fueron el disparador del juicio político.

Sobre el cargo de haberse atribuido el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución Nacional, Rosatti lo califica directamente como “ininteligible”. De “revivir” la Ley del Consejo de 20 miembros, adujo que una limitación temporal chocaría con la función revisora de la Corte y fustigó la cantidad de acusaciones referidas al contenido de sentencias. Aclaró un tema que había quedado instalado como dogma pero que sorprendió (tarde) a los propios acusadores y era que en su sentencia, la Corte jamás le impuso el plazo de 120 días para dictar una nueva ley, sino que fijó ese lapso para designar representantes conforme a la anterior. Error de interpretación de una sentencia. Hubo varios que los descartaron por versar sobre cuestiones en trámite. Rosatti hizo una defensa de su rol al frente del Consejo para concentrar la réplica de varios de los cargos formulados por la comisión.

Hubo un apartado para el caso “Coparticipación” con CABA: “Como el propio dictamen lo reconoce, el hecho que se imputa coincide con una de las causales de la recusación planteada por el Estado Nacional contra el suscripto en la mencionada causa. Dado que dicho planteo se encuentra a estudio del Tribunal, resulta imposible contestar la imputación y ejercer el derecho de defensa sin adelantar opinión sobre la cuestión pendiente de decisión. Una vez más se coloca al suscripto en estado de indefensión”.

“Es evidente que este tipo de acusaciones conllevan una presión indebida sobre los jueces del Tribunal y un intento de condicionar sus futuras decisiones”, contraatacó respecto a otro desprendimiento de la cautelar dictada a fines del año pasado. “El trámite seguido en este sumario ha convertido a un mecanismo constitucional idóneo en un proceso teñido de irregularidades, fustigó. 

“Tan abrupto fue el cierre de la investigación que quedaron sin ser tratados algunos de los cargos formulados por la propia Comisión –sin que hubiera mediado desistimiento– y estando pendiente la producción de prueba ordenada respecto de cargos que sí fueron abordados”, los desafió, subrayando el apuro que sorprendió a más de uno.

Fuente: diario Ámbito