Inviolabilidad de la propiedad privada: alertan sobre los cambios a la ley de Tierras

El Senado se prepara para reanudar el debate en comisión del proyecto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el gobierno de Javier Milei. Uno de los puntos de esa iniciativa, que fue defendida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a modificar el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales sancionado en 2011. La letra chica del texto puso en alerta a la oposición. Los bloques dialoguistas también tienen sus reparos.

El Gobierno tiene otra vez en la mira a la ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner que busca limitar la propiedad de la tierra en manos de extranjeros, a fin de preservar la soberanía sobre los recursos naturales.

La primera vez fue en el decreto 70/23 firmado por Milei a los pocos días de asumir como Presidente. En aquella instancia, la Casa Rosada intentó derogar esta y otras leyes. Finalmente, esta derogación quedó suspendida por una medida cautelar. Ahora, el oficialismo busca modificar la letra chica a través de la ley que el Senado debate por estos días en comisión.

A grandes rasgos, la ley sancionada en 2011 establece que las personas o empresas extranjeras no pueden ser dueñas de más del 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Al mismo tiempo, la ley pone límite por nacionalidad. Especifica que, de ese 15% global, las personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% (es decir, el 4,5% del total de un territorio).

Además, la normativa indica que un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1000 hectáreas en la “zona núcleo” o su equivalente en otras regiones.

Y, por último, la ley prohíbe la venta a extranjeros de tierras que contengan cuerpos de agua permanentes y de importancia (ríos, lagos, glaciares) o que se encuentren en zonas de seguridad de frontera.

En diálogo con este medio, desde el ministerio de Desregulación que conduce Sturzenegger defendieron la iniciativa. Señalaron que “la Constitución establece la igualdad de derechos y es la base del proyecto liberal de Argentina para que pueblen los inmigrantes”.

Además, alertaron que “si se limitan las facultades de la propiedad (a quién se le puede vender), la propiedad vale menos, y se traban inversiones”.

Fuente: Ámbito