Financiamiento Universitario: el decano Arruiz advirtió sobre “la gravedad institucional” del incumplimiento del Gobierno

En la última sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Sur expuso el decano del departamento de Derecho, el doctor Sebastián Arruíz, sobre la obligación que tiene el Gobierno Nacional de respetar el estado de derecho y cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

“La situación en la que estamos es verdaderamente grave porque no solamente tenemos una ley aprobada por los dos tercios de los votos de las dos cámaras del Congreso de la Nación en dos oportunidades , sino que además tenemos una sentencia judicial de primera instancia y otra de segunda instancia que le ordena al Gobierno Nacional el inmediato cumplimiento de la norma”, enfatizó Arruíz esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Recordó que la medida cautelar hace foco en dos aspectos: la recomposición salarial de docentes y nodocentes universitarios y la recomposición de las becas estudiantiles. 

“La situación en la que estamos hoy es grave porque hay una orden judicial que no se cumple y ya no hay recursos para interponer porque se trata de una decisión de una Cámara de Apelación, una segunda instancia, que confirmó la decisión de poner en marcha inmediatamente esos dos aspectos de la ley”, explicó.

Eso, aclaró, sin perjuicio del resto de los aspectos incluidos en la norma que tienen que ver con gastos de funcionamiento de las universidades, con las paritarias para las negociaciones salariales, entre otras cuestiones.

Sobre el recurso extraordinario que presentó el Ejecutivo nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que no es un recurso que proceda para este tipo de resoluciones. En ese sentido, entendió que probablemente sea rechazado por la Cámara de Apelaciones “justamente porque esa decisión que se adoptó no puede ser recurrida ante el máximo tribunal del país porque no es una sentencia definitiva”. 

De ser rechazado el recurso por la Cámara de Apelaciones, no descartó que el gobierno de Milei recurra en queja a la Corte para solicitarle que se aboque al tratamiento de esa cuestión para modificarla: “mientras todo eso transcurre, no se debe suspender la aplicación de la ley como se pretende en las presentaciones del Poder Ejecutivo Nacional “.

Arruiz destacó el trabajo que viene desarrollando desde el año pasado el Consejo Interuniversitario Nacional, utilizando todos los canales institucionales para reclamar el cumplimiento de la ley. El CIN realizó una presentación judicial para exigir que Nación cumpla con la norma vigente y solicitó además, en caso de incumplimiento, la aplicación de una multa diaria.

Y pidió que se remitan las actuaciones a la justicia penal para que se evalúe si el presidente y sus funcionarios están incurriendo en el delito de desobediencia.

“Tenemos que seguir visibilizando el problema y la gravedad institucional que esto implica porque no solamente está en juego la educación universitaria, sino también las instituciones de la República Argentina, las instituciones democráticas, el respeto por la ley”, advirtió.

Y concluyó: “se trata de un estado de derecho y el Estado también tiene la obligación de cumplir con la ley como todas las personas”.

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