El Gobierno lanzó la licitación nacional e internacional para privatizar AySA

La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo, quien ayer había adelantado la medida en sus redes sociales.

La operación contempla la venta del 90% del paquete accionario de AySA, actualmente en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará bajo titularidad de los empleados de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada.

Según la resolución, la privatización se realizará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, sin base, destinada a seleccionar un “operador estratégico” para la empresa.

El proceso se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde estarán disponibles el pliego de bases y condiciones y toda la documentación vinculada a la operación.

La resolución establece que el llamado deberá publicarse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial. También se difundirá en los sitios web del Ministerio de Economía y de AySA.

Además, el Gobierno fijó un plazo mínimo de 45 días corridos entre la publicación y el vencimiento para la presentación de ofertas.

El cronograma oficial prevé que las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 27 de agosto a las 9:59.

Ese mismo día, a las 10, se llevará adelante la apertura de sobres mediante un acto público electrónico.

La decisión se enmarca en el proceso de privatización de AySA impulsado por la Ley 27.742 y por el Decreto 494/2025, que declaró a la compañía “sujeta a privatización”.

En los considerandos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que el objetivo no es solo transferir la titularidad accionaria, sino avanzar en una “transformación de importancia refundacional” del servicio de agua potable y saneamiento.

El esquema definido por el Gobierno contempla, en una primera etapa, la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública. Luego, el remanente accionario podrá comercializarse en bolsas y mercados del país.

La normativa también crea una comisión evaluadora “ad hoc” integrada por funcionarios designados específicamente para analizar las ofertas que se presenten en el proceso.

Asimismo, la Secretaría de Obras Públicas y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas podrán requerir asistencia técnica y operativa a AySA y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) durante el desarrollo de la licitación.

• Un contrato para el futuro concesionario

El eje central de esta etapa es la aprobación del contrato que regulará la operación privada del servicio. Más que la privatización en sí misma, se trata del diseño institucional y regulatorio que permitirá avanzar con la concesión.

• Privatización con modelo mixto

El esquema previsto combina el desembarco de un operador estratégico privado —con participación accionaria mayoritaria— y la posibilidad de colocar parte del capital en el mercado. La estructura apunta a mejorar la valuación de la compañía y captar interés inversor.

• Tarifas e inversiones, en el centro

Uno de los aspectos más sensibles del nuevo modelo pasa por el equilibrio entre sustentabilidad financiera e inversión en infraestructura. El esquema pone el foco en compromisos de expansión de redes, mejoras operativas y financiamiento del servicio, algo que inevitablemente vuelve a instalar el debate sobre las tarifas.

• Nuevo marco regulatorio

El avance hacia la privatización estuvo acompañado por modificaciones normativas previas que redefinieron reglas clave del sector. Los cambios abarcan desde las condiciones de prestación hasta una ampliación de facultades para el futuro concesionario, un rediseño que dentro del mercado ya era leído como el paso previo al ingreso privado.

• La discusión política: agua como servicio o negocio

La iniciativa también reactiva una discusión histórica en Argentina: si el acceso al agua debe administrarse bajo una lógica estrictamente de servicio público o si puede operar bajo criterios de rentabilidad privada con regulación estatal.

Qué viene ahora

Con el contrato ya aprobado, la próxima etapa será profundizar el proceso licitatorio para definir al operador estratégico que tomará el control de la concesión.

En el mercado hay dos variables que concentran la atención: cómo quedará definido el esquema tarifario futuro y cuáles serán las exigencias de inversión que deberá asumir el nuevo concesionario.

Fuente: diario Ámbito