Crece la preocupación de afiliados a IOSFA por el recorte en las prestaciones

Mientras se dilata una definición judicial, crece la preocupación de los afiliados de IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas) por las deficiencias en las prestaciones, muchas de ellas que continúan “cortadas”.

En octubre de 2025 ATE promovió un amparo colectivo junto con una medida cautelar con el objetivo de lograr un inmediato restablecimiento de las prestaciones médico- asistenciales y farmacéuticas afectadas. Sin embargo, el expediente tuvo diversas declaraciones de incompetencia y remisiones entre la Justicia Federal de Bahía Blanca y Mendoza.

Ahora desde el gremio reclaman que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determine el Juzgado que debe intervenir.

El dirigente de ATE Punta Alta Pablo Mendoza alertó que son 42.000 afiliados puntaltenses, 12.000 de Bahía Blanca, más de 70.000 de la provincia de Buenos Aires, y más de 600.000 en todo el país, los que aguardan una definición de la Justicia para poder volver a contar con las prestaciones.

“Queremos una respuesta porque hay riesgo de vida, muchas personas la han pasado y la están pasando muy mal, se perdió calidad de vida de nuestros abuelos, de nuestros hijos”, enfatizó en diálogo con Radio Altos.

Criticó que el amparo colectivo y el pedido de medida cautelar haya entrado “en un ping-pong” en el ámbito judicial y subrayó que los afiliados de IOSFA lo único que quieren es “una respuesta sencilla” de la Justicia que les garantice el acceso a la salud. “No estamos pidiendo nada de otro mundo, estamos pidiendo lo que más o menos nos corresponde porque, encima, nos siguen descontando por la obra social”, indicó.

Mendoza expuso que el Gobierno nacional tiene que aportar los fondos para que los 600.000 afiliados en todo el país tengan medicamentos oncológicos, farmacia, servicios esenciales, entre otros. “Hoy seguimos con todo cortado, con parches, en situación extrema y con riesgo de vida de muchas familias”, alertó.

A modo de ejemplo, mencionó que en caso de operaciones, los afiliados tienen que pagar el anestesista y una intervención quirúrgica cuesta como mínimo $3 millones; y por las deudas con las farmacias, hay recortes en medicamentos oncológicos.

“O sea, todo el sistema está colapsado y el trabajador que gana entre $500.000 y $1.200.000 tiene que sacar plata de su bolsillo para que su familia no pierda la medicación o la calidad de vida. Seguimos igual que hace dos años y medio. No tenemos un sistema de salud”, planteó, por último.

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