Advierten que la primera dificultad para implementar el Régimen Penal Juvenil es la falta de recursos

“Un inicio de la ley muy complejo”. Así resumió la titular del juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Bahía Blanca, Natalia Giombi, la entrada en vigencia de la Ley 27.801 que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina.

En primer lugar, señaló que la norma comenzó a regir el pasado sábado, pero recién hoy el Gobierno oficializó su reglamentación.

“Es una compleja reglamentación que hace bastante hincapié en cuestiones que quedan circunscritas a las competencias provinciales, desconociendo circunstancias que tienen que ver con la implementación de un sistema que no solamente hace a lo que está dicho en la ley, sino que hay que implementarlo con recursos, sobretodo económicos que hoy carecen todas las provincias”, alertó.

Agregó que hasta el momento no hay precisiones respecto de las partidas presupuestarias para garantizar la implementación del nuevo régimen. Por eso, no dudó en afirmar que la primera dificultad que encuentran a la hora de poner en vigencia el sistema penal juvenil es el de los recursos.

Sobre algunos de los cambios que introduce la normativa, indicó que no solamente se amplió lo que tiene que ver con la franja etaria (estableciendo la edad de punibilidad e imputabilidad a los 14 años), sino también lo referido a qué delitos son punibles. “Esa es una gran diferencia que amplía todo el mecanismo de intervención del fuero penal juvenil”, remarcó.

A modo de ejemplo, mencionó que antes un conflicto en el ámbito educativo podía llegar a tener una resolución administrativa y ahora puede transformarse en una causa penal.

“Hoy toda persona adolescente con 14 años que realice cualquier conducta que esté descrita en el Código Penal, va a poder ingresar al sistema del fuero penal juvenil”, enfatizó.

Giombi hizo hincapié en las diferencias en cuanto a la lógica de trabajo con adolescentes que con adultos. “No tenemos que perder de vista que el abordaje es diferenciado, no podemos empezar a vincular a adolescentes a todos los organismos que atienden a las personas mayores que cometen delitos, cayendo en la afirmación de “delito adulto, pena de adulto”, reclamó.

Por último, subrayó que los recursos económicos son insuficientes, pero también lo son lo referido a lo personal y vincular: “Hay vínculos que los adolescentes necesitan, y más estando en conflicto con la ley penal, que requieren la segura e inmediata contención de un adulto responsable”.

Y agregó que sobre todo en los casos muy graves, la presencia del adulto, el poder de alguna forma separar al adolescente del contexto que los llevó al delito, requiere de instituciones de la comunidad que colaboren en la función del Estado.

“Sabemos que el Estado es el principal garante, pero también hay una importante participación de la comunidad, y hay que ser muy creativos en esto, no hay recetas para el abordaje, sobre todo porque las implicancias del estado psíquico de los sujetos adolescentes es muy complejo”, concluyó.

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