Causa Obra Pública: el fiscal acusó a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita

El fiscal federal Diego Luciani inició este lunes su alegato en el juicio oral y público por la obra pública de Santa Cruz, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien participa de la audiencia virtual.

“Este ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios ”, aseguró el titular del Ministerio Público en el inicio de su exposición, que se extenderá durante nueve jornadas.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, continuó.

Luciano expuso también fuertes críticas contra la Oficina Anticorrupción -se retiró del caso- y la Unidad de Información Financiera (UIF), que semanas atrás pidió la absolución de la ex mandataria. Por lo tanto, la Fiscalía representa la única acusación que queda en pie. Si Luciani no pidiera una condena, el juicio se cae. Sin embargo, por el tenor de sus primeras palabras se descuenta que eso no sucederá.

“Vamos a probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos. Por eso hemos solicitado 9 jornadas: queremos explicar, mostrar la verdad, y quizás necesitemos más audiencias”, anticipó.

El pedido de condena para funcionarios suele estar acompañado con la inhabilitación -en muchos casos es de manera perpetua- para ejercer cargos públicos. No obstante, para que eso ocurra una eventual condena debería quedar firme. Lo que implica la intervención, después del juicio oral, de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la hoja de ruta que trazaron los jueces del Tribunal Oral Federal 2 -a cargo del debate-, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la idea es que haya veredicto antes de fin de año. Pero los fundamentos de esa decisión quedarían para el 2023 y recién ahí las partes pueden apelar para que las eventuales condenas sean revisadas por Casación y después por la Corte. Esos plazos judiciales exceden el cronograma electoral del 2023.

En este marco, Cristina Kirchner difundió semanas atrás un video en el que sostiene que su condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.

Fuente: diario Infobae