Esta mañana la justicia rechazó el pedido del Consejo Interuniversitario para habilitar la feria y tratar la cautelar sobre el financiamiento que el gobierno no cumple.
El juez Martín Cormick a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires no hizo lugar al pedido del Cosejo Interuniversitario Nacional para que habilite la feria y poder dictar sentencia.
Desde el 26 de abril mantiene suspendida la ejecución de la medida cautelar y también mantiene suspendido el dictado de sentencia por el fondo de la cuestión, desde el 19 de junio pasado luego del acta-acuerdo firmado justamente por los rectores y el gobierno nacional.
Esta mañana, como consecuencia de esa decisión, ADUNS ha anunciado que endurecerá su posición a partir de terminado el receso.
Entre los fundamentos más importantes del juez se destaca que entiende que no es necesaria la habilitación de la feria porque el “peligro del perjuicio, debe ser acreditado por el litigante que solicita la habilitación”.
“Por ello, la mera afirmación del interesado acerca del peligro en la demora es insuficiente para obtener la habilitación, debiéndose acreditar los extremos alegados como sustento de la pretensión, para cada caso particular”.
Por lo tanto esto significa que tanto la cautelar como la cuestión de fondo se encuentran frenadas. “El gobierno sigue ganando tiempo para sus diversos incumplimientos”, dice una nota enviada desde ADUNS.
Agrega que “como hemos dicho desde el conflicto estalló, la salida no es por acá. Estas evidencias lo confirman”.
En consecuencia el gremio anuncia que a partir de agosto “vamos a impulsar un paro nacional por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la Ley”.