Un grupo de radicales bonaerenses rechazó con fuertes críticas el DNU

Un grupo de afiliados y de dirigentes radicales bonaerenses emitió un duro comunicado en el que fijó posición en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el gobierno de Javier Milei y que tiene como objetivo la desregulación de la economía.

“Es evidente que la sanción del DNU 70 no persigue otro propósito que evitar la intervención del Congreso y la discusión pública de su polémico, desordenado e incoherente contenido. Con esta decisión, el Presidente de la República viola deliberadamente el principio de división de poderes, asume facultades legislativas que no posee, altera irresponsablemente el orden republicano e incluso pone en riesgo la soberanía nacional”, aseveraron en el documento.

Hicieron hincapié en el artículo 44 de la Constitución Nacional que establece que el Congreso es el titular del Poder Legislativo de la Nación y que la sanción, modificación o derogación de las leyes es su facultad exclusiva.

“Llama la atención que sectores del empresariado que siempre reclamaron estabilidad jurídica como requisito para la inversión apoyen hoy el mecanismo del DNU, que no garantiza esa estabilidad porque puede ser fácilmente derogado o modificado por otro decreto, es decir, por la sola voluntad del Ejecutivo y sin debate previo”, plantearon.

Opinaron, además, que según afirmó el presidente Milei, el objetivo del DNU es avanzar en la libertad de mercado desregulando, eliminando controles y ampliando el espacio para la actividad privada que siempre busca la rentabilidad. “Argentina padece hoy un nivel de pobreza y marginalidad que alcanza al 50% de sus habitantes, un 40% de trabajo en negro y una inflación creciente que carcome el salario y las jubilaciones. Aplicar sobre esa realidad una receta concebida para favorecer la rentabilidad empresarial sin incluir el diseño de políticas públicas que garanticen un mínimo de equidad en la distribución del ingreso, solo profundizará la desigualdad e impulsará la conflictividad”, advirtieron.

Aseveraron que Argentina padece problemas estructurales que se vieron agravados por la situación de estancamiento iniciada en 2011 y entendieron que eso no se solucionará “a los hachazos, ni invocando el poder divino”.

En contrapartida, propusieron tres medidas para salir de la crisis:  

• En el corto plazo, elaborar y ejecutar un programa de estabilización que elimine el desborde inflacionario.
• En el nivel estructural, consensuar políticas de estado que terminen con la pobreza a partir del crecimiento y sirvan para superar las crisis cuasi terminales que hoy afectan a la salud y la educación pública.

“Ante una situación que destruye la calidad de vida de tantos argentinos, es inaceptable que el Gobierno Nacional invoque su legitimidad electoral para justificar un fundamentalismo de mercado que ignora la realidad a costa de desintegrar definitivamente a la Nación”, concluyeron.