Semana clave para definir la conformación del Consejo de la Magistratura

La jura prevista para el próximo martes de once de los veinte consejeros que integran el Consejo de la Magistratura genera expectativa sobre la actitud que asumirá el alto tribunal con respecto al senador Martín Doñate, ratificado por el Senado en un claro desafío a la decisión judicial de que ese lugar lo ocupe el legislador de la oposición Luis Juez.

Sin esperar a que la Corte Suprema defina si le toma juramento a Doñate, Juez presentó un amparo en el fuero Contencioso Administrativo solicitando la “nulidad absoluta e insaneable” de la designación de Doñate, invocando “gravedad institucional” por la “violación del marco normativo”.

Este es el segundo amparo que presenta Juez buscando bajar a Doñate del Consejo; el primero tuvo su trámite y fue rechazado en primera y segunda instancia bajo el criterio de que la organización de los bloques parlamentarios no es materia judicializable.

A contramano de los tribunales inferiores, la Corte definió que sí puede juzgar las motivaciones de los senadores para agruparse políticamente, aunque aclare en el fallo que no se arroga tal función sino que busca establecer un criterio para “identificar” los bloques al momento de elegir su representación en el Consejo.

Para la Corte, el bloque “Unidad Ciudadana”, desprendido del oficialista “Frente de Todos”, representó un “ardid” para quedarse con tres de los cuatro lugares asignados para el Senado en el organismo que designa y remueve jueces.

“La manipulación de los bloques para desplazar la segunda minoría violenta el criterio de buena fe”, señaló el fallo y consideró a este principio “cardinal en las relaciones jurídicas”.

Pero en la dimensión política, el oficialismo ratificó el miércoles pasado, en una sesión especial de la que no participó la oposición, su decisión de que Doñate ocupe la banca.

Sin fisuras ni abstenciones, los 37 senadores del oficialismo y sus aliados votaron desconocer el mandato de la Corte con duros discursos que hicieron eje en el conflicto de poderes que desató el alto tribunal entrometiéndose en cuestiones que vulneran la división de poderes.

Fuente: Télam