Se profundiza la crisis habitacional: 5,7 millones de hogares padecen problemas

La crisis habitacional en la Argentina mantiene una dimensión estructural que atraviesa gobiernos y ciclos económicos. Un nuevo informe del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (OFAVA), impulsado por la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), detectó que 5.743.365 hogares presentan algún tipo de déficit habitacional, mientras que el país necesita cerca de 1,7 millones de viviendas nuevas para atender los casos más críticos.

El estudio también reveló que cuatro de cada diez hogares registran carencias vinculadas con la vivienda, los servicios o el entorno urbano.

El observatorio está presidido por Gustavo Llambías, en representación de la AEV-CEDU, y tiene como coordinador al economista Federico González Rouco, especialista en mercado inmobiliario y de Empiria Consultores. La iniciativa buscará generar información periódica sobre el acceso a la vivienda con una metodología que permita orientar políticas públicas y decisiones del sector privado.

Uno de los principales aportes del trabajo consiste en ampliar la forma de medir el déficit habitacional. En lugar de limitarse a distinguir entre déficit cuantitativo y cualitativo, el OFAVA incorporó cuatro categorías que contemplan tanto la necesidad de viviendas nuevas como las mejoras edilicias, el acceso a servicios básicos y las condiciones ambientales del entorno. Además, el indicador se actualizará cada trimestre con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), lo que permitirá seguir la evolución del problema sin esperar los resultados de un nuevo censo.

Los datos muestran que el déficit habitacional prácticamente no cambió durante los últimos diez años. En 2016 alcanzaba el 42,3% de los hogares, bajó hasta el 39,8% en 2019, volvió a subir durante la pandemia y actualmente se ubica en el 38,7%, un porcentaje que confirma el carácter estructural del problema.

González Rouco explicó: “Desde hace una década el déficit oscila cerca del 40%. Hubo una mejora entre 2016 y 2019 impulsada por una mayor inversión en servicios y algo más de financiamiento, pero la pandemia volvió a deteriorar la situación. Después hubo cierta recuperación y desde entonces los cambios fueron mínimos”.

El economista sostuvo que la falta de crecimiento económico, la escasez de empleo formal y la ausencia de financiamiento explican buena parte del estancamiento. A ese escenario sumó la discontinuidad de las políticas habitacionales. Según indicó, cada administración aplicó una estrategia distinta y eso impidió consolidar programas de largo plazo.

Para González Rouco, el déficit también refleja la falta de continuidad institucional. “En los últimos años cada gobierno tuvo una lógica diferente en materia de vivienda y eso terminó afectando las posibilidades de acceso”, sostuvo.

El informe rompe con una idea instalada: el principal problema no consiste únicamente en construir viviendas nuevas. Del total de hogares con déficit habitacional, alrededor de 1,56 millones necesitan reemplazar la vivienda porque resulta irrecuperable o se ubica en zonas donde no es posible seguir viviendo. En cambio, otros 4,69 millones requieren obras de refacción, ampliaciones, conexiones a agua potable o cloacas, o mejoras vinculadas con infraestructura básica.

“El principal problema no es la falta de vivienda, sino la calidad de la vivienda en la que viven millones de familias. Hay cerca de seis millones de hogares con déficit, pero más de cuatro millones pueden permanecer donde viven si reciben financiamiento para realizar mejoras o acceder a servicios”, señaló González Rouco.

El especialista remarcó que esa diferenciación resulta clave para diseñar políticas públicas más eficientes. Mientras algunos hogares necesitan una vivienda nueva, otros requieren créditos pequeños para conectar la vivienda a la red de agua o cloacas, ampliar una habitación o realizar reparaciones estructurales.

También Llambías advirtió que las viviendas ubicadas en zonas inundables o junto a basurales exigen soluciones urbanísticas específicas, con participación coordinada entre Nación, provincias y municipios para definir nuevos lugares donde relocalizar a esas familias.

Fuente: Ámbito