Rosenkrantz le reclama a Santa Fe 18.000 millones de pesos en honorarios

La Corte Suprema de Justicia debe resolver sobre un tema que fue judicializado hace 15 años y que involucra a uno de sus integrantes: Carlos Rosenkratz.

El estudio de abogados del juez del máximo tribunal del país y el de Ricardo Gil Lavedra le exigen desde 2017 $18.000 millones al gobierno de la provincia de Santa Fe como regulación de honorarios.

En diálogo con Radio Altos, el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Toniolli explicó en qué consiste la solicitud de esa millonaria cifra. Señaló que en 2008 el por entonces gobernador Hermes Binner decidió contratar a los estudios de abogados de Rosenkrantz y de Gil Lavedra en una causa contra el Estado nacional por una deuda de coparticipación.

Años después, en 2015 cuando se hizo pública esa contratación, legisladores provinciales comenzaron a exigir explicaciones al Ejecutivo santafesino. “Metimos el dedo en la llaga sobre este tema porque se hizo una contratación directa sin ningún proceso licitatorio ni compulsa, pese a que, por los montos de la contratación, lo requería”, recordó.

Además, como segundo cuestionamiento mencionó que en el proceso hubo funcionarios del Ministerio de Justicia santafesino involucrados porque el hermano de la esposa de Gil Lavedra y socia en el estudio de abogados “era funcionario de primera línea del Ministerio y tenía que ver con el proceso”.

Y como tercer agravante, precisó que Santa Fe cuenta con una Fiscalía de Estado que podría haber encabezado el reclamo judicial ante Nación. “Para qué contratar a los estudios de abogados de Rosenkrantz y de Gil Lavedra si hay un organismo competente con personal capacitado para llevar adelante esta tarea”, se preguntó y completó: “Esos eran hasta ese momento (en 2015) los cuestionamientos que hacíamos ante la sospecha de que esto habilitaba a un negocio multimillonario en caso de que la Provincia ganara el litigio”.

Luego en 2017 Rosenkratz, ya siendo juez de la Corte Suprema, reclamó (a través de su estudio de abogados) ante el máximo tribunal el pago de los honorarios. “Esto en términos jurídicos puede estar ajustado a derecho, pero en términos éticos es cuestionable”, criticó Toniolli.

La cifra de $18.000 millones en concepto de honorarios surge del acuerdo entre los estudios de abogados y el gobierno provincial: el 20% del pago que recibiera la Provincia se destinaría a los letrados.

El diputado Toniolli manifestó que, por un lado, le están exigiendo a Rosenkrantz que se excuse cuando la Corte tenga que definir sobre el tema, y por otro, que los otros integrantes del máximo tribunal también decidan apartarse y que se nombre a conjueces para que resuelvan sobre la cuestión.

Si bien en 2017 la cifra exigida era de $18.000 millones, hoy ese monto trepa a los $25.000 millones por actualización.

Por último, el legislador santafesino no descartó analizar, si los plazos legales lo permiten, alguna impugnación a la contratación de los estudios de abogados que hizo el ex gobernador Binner en 2008: “Esto se hizo sin licitación, en el marco de relaciones familiares y políticas de contratantes y contratados, y a sabiendas que que había un organismo que podía hacerlo tranquilamente como es la fiscalía de estado”.