El abogado y analista boliviano Gabriel Villalba Pérez recalcó que se trata de “una insurrección popular” contra las políticas del gobierno de Rodrigo Paz.
Las protestas no cesan en Bolivia y el reclamo de un cambio de rumbo del gobierno de Rodrigo Pérez o directamente la salida del presidente se mantiene muy fuerte.
Gabriel Villalba Pérez, abogado y analista boliviano, brindó un detallado informe esta mañana en diálogo con Radio Altos sobre los motivos detrás de las manifestaciones y los intentos del gobierno por desviar los reclamos.
“Pareciera que los medios internacionales están más pendiente de lo que acontece en Bolivia que los propios medios locales hegemónicos que están totalmente parcializados con el gobierno de Rodrigo Paz y han generado toda una construcción mediática de criminalización y satanización de la protesta”, planteó en primer término.
Denunció que a la policía les están ofreciendo 3 mil bolivianos para que sigan reprimiendo en las movilizaciones. Además, el Ejecutivo buscó llegar a acuerdos por separado con los grupos que están protestando para fraccionar las movilizaciones. Por ejemplo, con cooperativistas mineras, ofreciéndoles subvención en el combustible, con maestros urbanos ofreciéndoles un bono de 2.500 bolivianos anuales, que contradice, recalcó, el argumento del presidente Paz de que Bolivia tiene “un Estado miserable, no tiene dinero y que no hay plata para nada”. “Pero resulta que cuando el conflicto social escala, existe dinero de libre disponibilidad para otorgar a diferentes sectores con el afán de desmovilizarlos”, criticó.
No dudó en afirmar que desde el gobierno de Paz se fomenta el enfrentamiento entre bolivianos.
“Hay una flagrante vulneración de derechos humanos fundamentales a instancias internacionales, esto por supuesto repercute con el apoyo de Estados Unidos a través de la organización de Estados Americanos”, advirtió.
Aclaró que las críticas a la gestión de Paz, quien asumió la presidencia hace poco más de seis meses, se profundizan y que en lugar de dar respuestas, el mandatario no propone ninguna solución a los problemas que la población está visibilizando en las protestas.
Sobre la postura del gobierno agentino, dijo que en Bolivia, desde distintos sectores, incluso académicos, definen a Javier Milei como “cipallo de Estados Unidos”. “Su participación, al igual que el gobierno de Paz en el denominado Escudo de las Américas, da cuenta de una alineación geopolítica a la dominación imperial norteamericana; un Estados Unidos que se encuentra en decadencia y al ser un imperio que se viene retrotrayendo, trata de ejercer control sobre lo que ellos siempre denominaron como su territorio: la gran isla americana integrada por Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica”, subrayó.
Villalba Pérez negó que detrás de las manifestaciones haya un intento de golpe de Estado y enfatizó que se trata de insurrección popular que ha ido en escalada. Entre las causas, mencionó el decreto supremo 5503, que fue la carta de presentación del gobierno de Rodrigo Paz, en beneficio de las grandes élites oligárquicas del país, entre ellos, los banqueros, los empresarios millonarios, los grandes exportadores e importadores y sectores latifundistas.
“A partir de ahí se llega a aglutinar el movimiento popular, la central obrera boliviana se vuelve a rearticular, diferentes sectores sociales se suman a las protestas. Gracias a eso, se consigue la abrogación de ese decreto supremo 5503”, precisó.
Esa, entendió, era una oportunidad para que el gobierno de Paz vire en sus políticas y se concentre en cuestiones sociales y del campo popular. Sin embargo, continuó con medidas como buscar convertir la pequeña propiedad en mediana y de esa forma favorecer a los latifundistas.
Y, en particular, mencionó el combustible que dejó de estar subvencionado. “Paz realizó negocios oscuros con el sector de los hidrocarburos y trajo a Bolivia combustible basura que destruyó los motores de los vehículos”, advirtió.
“El gobierno en lugar de sentarse, de buscar soluciones, de cambiar su gabinete, de proponer reformas estructurales, sociales fundamentalmente, lo que hizo fue munirse de todos los elementos para la represión, con operativos conjuntos entre policías y militares”, alertó.
Por último, aclaró que detrás de las protestas no hay una intención de golpe de estado porque no existen móviles políticos. “Si se tratara de un golpe de estado, existirían claramente móviles políticos con relación a partidos políticos involucrados en la protesta, y eso no existe. El bloque popular ha sido fragmentado, no existe el movimiento socialismo propiamente y si llegara a forzarse una renuncia del presidente, nuestra Constitución establece la convocatoria a elecciones generales en 90 días. El bloque popular movilizado no tiene un partido político que esté siendo representado en un sistema electoral, es decir, la gran masa movilizada no se encuentra aglutinada en un solo partido político”, argumentó.
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