Privatización de represas hidroeléctricas: denuncian una “cadena de ilegalidades”

En medio de la polémica por las privatizaciones con las que el gobierno nacional pretende recaudar entre este año y el siguiente alrededor de u$s 2300 millones, en Neuquén, la Fundación Soberanía amplió la denuncia por la que pide que se investigue y, en caso de que corresponda, se anule la privatización de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue, porque “responde a un mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político, todo ello en franca violación del bloque de legalidad administrativa”.

Fuentes del propio gobierno aseguran, por lo bajo, que existe un trasfondo político que deja liberados estos menesteres a un sector interno que esquiva a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. “No entiende de cuestiones técnicas como son las licitaciones”, dejan correr, con malicia.

Entre las firmas beneficiadas por la privatización que se solicita que sean citadas, se encuentra Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea.

Según el escrito, se terminó de constituir “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional”. La causa está siendo tramitada en el juzgado federal de General Roca, encabezado por el magistrado Hugo Greca.

En el documento al que tuvo acceso en exclusiva Ámbito, se describe una “cadena de ilegalidades”, que se compone de cuatro eslabones que apuntan directamente contra el ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.

Tal y como reveló Ámbito en una serie de artículos, el eje inicial de los cuestionamientos es el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación, bajo la conducción de Julio Villamonte. El TTN, que funciona dentro de la órbita de la cartera de Economía, quedó expuesto, de acuerdo con la presentación, porque no se respetaron los tiempos necesarios para que desarrolle la labor para la que fue creado y, a la vez, porque el verdadero objetivo del Poder Ejecutivo no fue “una tasación objetiva, sino la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”.

La evidencia

“La secuencia temporal de las notas intercambiadas entre la Secretaría de Energía y el TTN, que se acompañaron oportunamente como prueba documental y que han sido publicadas en los medios de comunicación, demuestra una evidente falta de buena fe administrativa y la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”, concluye la presentación.

Acá es donde aparece el BICE, conducido por Maximiliano Voss. Esta entidad, cuya unidad de valuación recién acaba de cumplir un año desde su creación, es la encargada de reemplazar al TTN, por decisión de Caputo. Según la ampliación presentada por Soberanía, “se habría pretendido desplazar las competencias específicas de tasación de bienes del Estado hacia el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) entidad financiera que orbita bajo la dependencia directa del Ministerio de Economía, es decir, del propio órgano que impulsa, diseña y ejecuta el plan de privatizaciones––, que además de ser su principal accionista designa a sus autoridades, configurando así una dependencia funcional y jerárquica que pulveriza cualquier atisbo de imparcialidad técnica”.

En esta línea, señala que el BICE no tiene competencia legal para tasar y carece de independencia técnica, lo que da como resultado que “El Ministerio de Economía concentra las funciones de tasación, pliego, licitación y adjudicación en la misma estructura, propiciando riesgos severos de subvaluación patrimonial y opacidad procedimental, bajo la conducción de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

La urgencia recaudatoria, combinada con la falta de independencia del tasador “genera un cóctel perfecto para la subvaluación de los activos y el consiguiente perjuicio al erario público”.

Fuente: diario Ámbito