Cuestionan decisiones adoptadas durante la investigación de la desaparición y el asesinato de la adolescente.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega abrió un nuevo frente de controversia en Córdoba. Un grupo de legisladores provinciales presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento dos pedidos de jury contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, a quienes atribuyen presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa fue impulsada por representantes de diferentes espacios opositores, entre ellos la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Cívico y sectores vecinalistas. Los firmantes reclamaron la apertura formal de los procesos disciplinarios, la suspensión preventiva de ambos funcionarios y, eventualmente, su destitución.
Si bien los planteos tienen como telón de fondo el caso de Agostina Vega, los cuestionamientos apuntan a actuaciones distintas de cada fiscal. En el caso de Garzón, las críticas están vinculadas al desarrollo de la investigación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la adolescente de 14 años.
Según sostienen los denunciantes, durante las primeras horas de búsqueda se habrían producido demoras en la recepción de la denuncia presentada por la familia, una situación que consideran incompatible con los protocolos vigentes para casos de menores desaparecidos.
También cuestionan el tiempo transcurrido hasta la activación de la Alerta Sofía. De acuerdo con la presentación, existían elementos suficientes para presumir que la joven se encontraba en una situación de riesgo y que las medidas extraordinarias debían haberse puesto en marcha con mayor rapidez.
Otro de los puntos señalados se refiere a las actuaciones realizadas sobre Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen. Los legisladores entienden que el allanamiento en su domicilio podría haberse concretado antes, a partir de información que ya estaba incorporada al expediente, como testimonios y registros de cámaras de seguridad.
Además, la denuncia menciona declaraciones públicas realizadas por Garzón luego de que se encontrara el cuerpo de la adolescente, las cuales, según los firmantes, no se correspondieron con la relevancia institucional y social del caso.
En paralelo, el pedido contra Rodríguez se apoya en una decisión adoptada durante 2025, cuando autorizó la liberación bajo fianza de Barrelier. Para los legisladores, esa resolución también debe ser evaluada por el Jurado de Enjuiciamiento en el marco de un eventual proceso disciplinario.
La presentación abre ahora una instancia institucional en la que deberá analizarse si existen elementos suficientes para avanzar con los pedidos formulados contra ambos fiscales.