Para Barcesat, hay elementos para que la sentencia contra Cristina Kirchner sea anulada

“Es una decisión tomada por fuera del derecho, absurda; no conocemos los fundamentos, pero hay elementos que ya destinan a esta sentencia a ser anulada”, sostuvo esta mañana en diálogo con Radio Altos el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat respecto al fallo condenatorio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del juicio por la obra pública.

Mencionó dos aspectos a cuestionar desde el punto de vista jurídico. El primero, que se desestimaron los argumentos de nulidad que se habían presentado a lo largo de la causa, el principal, referido a la inviabilidad constitucional de la doble persecución penal.

“Se armó una trama diciendo que no se había valorado debidamente la prueba o que no se había producido prueba; la Cámara de Casación de Comodoro Py reabrió la causa, la Corte Suprema había recibido el expediente y apareció una campaña de Clarín diciendo que “esta causa tiene que seguir”. La Corte devolvió el expediente y retomó la causa el juez Julián Ercolini. Así se configuró el nuevo juicio”, resumió sobre cómo se llegó al juicio que duró tres años y medio.

Como segundo punto de crítica al fallo del Tribunal Oral Federal N°2 indicó que las condenas se fundan en la administración fraudulenta y dejan los jueces fuera el pedido de la fiscalía de condenar a la vicepresidenta por ser la presunta jefa de una asociación ilícita.

“Allí se comete la falla más garrafal, absurda y obscena que es quitar la figura de la asociación ilícita; los jueces suponen que la presidencia habría podido disponer, manejar y retirar del circuito regular los fondos de los pagos por la obra pública. Y ésta es la parte absurda porque la obra pública es aprobada anualmente por la Ley de Presupuesto de la Nación y la única intervención de la presidencia es promulgar y hacer publicar la Ley de Presupuesto. La ejecución de todo lo que está en la Ley de Presupuesto es responsabilidad del Jefe de Gabinete”, recordó.

Barcesat precisó que ningún jefe de gabinete durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner fue imputado y la situación se agrava, entendió, porque el exministro de Planificación Julio De Vido fue absuelto al igual que el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.

Por último, consideró que el propósito no era la condena de la vicepresidenta sino su inhabilitación para ejercer cargos públicos: “Este es el objetivo político: que no pueda participar de la vida política de la Nación”.