Oficializaron la disolución de la Administración General de Puertos

Tal como había sido anunciado el último viernes, el Gobierno oficializó este lunes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) y la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que entre otros temas tendrá a su cargo la administración del puerto de Buenos Aires y de la Hidrovía Paraná Paraguay, cuyo dragado será licitado a empresas privadas.

El Decreto 3/2025 publicado en el Boletín Oficial de este lunes, en primer lugar, ordenó la supresión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

En tanto, el artículo 2° del extenso texto que lleva las firmas de Javier Milei y todo su Gabinete, dispuso “la disolución y posterior liquidación de Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU), continuando vigente su intervención a estos exclusivos efectos”.

En los considerandos, el Gobierno explicó que “a lo largo de los últimos años la AGP SAU ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a sus funciones y competencias” y consideró que esas circunstancias “generan un importante costo para el Estado Nacional, atento a que la citada sociedad requiere de aportes del tesoro para solventar su operatoria, a pesar de los ingresos que obtiene a través de los contratos de concesión bajo su órbita”.

Por su parte, el siguiente apartado de la normativa ordenó la creación de la Anpyn “como un ente autárquico, con personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado”.

“La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) será la única Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación de las leyes vigentes y aplicables en las materias de su competencia, conjuntamente con sus reglamentaciones”, aclara ese mismo artículo 3°.

El nuevo ente, asegura el texto oficial, “será la continuadora jurídica y mantendrá las responsabilidades, competencias y funciones asignadas a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y a la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal”.

Además, establece que la Anpyn “asumirá el rol de Concesionario de la Vía Navegable Troncal hasta tanto se adjudique la licitación pública encomendada por el Decreto Nº 709/24”.

El artículo 6°, por su parte, indica que la conducción del flamante ente “estará a cargo de un Director Ejecutivo con rango y jerarquía de Secretario de Estado, quien será secundado por un Subdirector Ejecutivo con rango y jerarquía de Subsecretario, en ambos casos, designados y removidos por el Poder Ejecutivo Nacional.

En relación con esta última medida, el Gobierno dispuso a través de otro decreto, que lleva el número 5/2025, la designación de Iñaki Arreseygor como máximo responsable de Anpyn, a partir del 3 de enero de este año y por un período de ley.

Un día antes, Arreseygor había presentado su renuncia a la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, donde había desembarcado en mayo pasado tras la renuncia de Pablo Piccirilli.

La Administración General de Puertos, “un antro de corrupción y privilegios”

Por la red social X, Manuel Adorni habló el pasado viernes sobre la disolución de la Administración General de Puertos y su reemplazo por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

“Se disolvió la Administración General de Puertos, antro de corrupción y privilegios”, anticipó el vocero presidencial. Y añadió: “La nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) concentrará sus funciones y las de otros dos organismos, ganando así en eficiencia y transparencia además de lograr menores costos”.

En un posteo en la red social X, adelantó que “se eliminarán entes y áreas con idénticas funciones, se reducirá un 79% del personal y se venderán inmuebles y activos innecesarios” y que “la cúpula directiva de la AGP será completamente removida”.

“En 2025 seguimos adelante con la reducción del gasto público. Dios bendiga a la República Argentina”, remató Adorni.

La creación de la Anpyn es parte del plan de ajuste y motosierra del gobierno de Javier Milei y su ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Fuente: diario Clarín