Menos controles: la “motosierra” de Milei también alcanzó a la actividad pesquera

Un grupo de organizaciones presentó ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) una petición para que la Argentina avance en la creación de un Registro Público y Abierto de Embarcaciones y Permisos Pesqueros.

Recalcan que se trata de una herramienta clave para fortalecer la transparencia, la sostenibilidad del sector y combatir la pesca ilegal.

Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, explicó esta mañana en diálogo con Radio Altos que el sector pesquero es mayormente exportador: más del 90% del producto se exporta. Partiendo de esa situación, la entidad que integra junto a otras hace dos años están trabajando en una campaña de transparencia pesquera.

“Es un requerimiento que se viene dando a nivel internacional sobre los estándares de mejora de lo que pasa en el mar, de poder poner la lupa allí. Lo que estamos solicitando es poder colaborar en el control y en el escrutinio público de lo que pasa en el mar a través de tener datos básicos”, precisó.

Aclaró que países de la región como Uruguay, Chile, Perú y México, que cuentan con flota industrial pesquera, tienen información disponible, accesible, sobre los buques que están operando en sus mares y los permisos otorgados.

Argentina cuenta desde 1998 con un registro de pesca denominado Régimen Federal Pesquero. Hoy la subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca no está publicando esa información.

“Pedimos que esté accesible como sucede en el mundo; estos requerimientos se vienen dando sobre todo para combatir la pesca ilegal no regulada y no reglamentada”, enfatizó.

Sobre los controles, detalló que uno lo desarrolla en pleno mar Prefectura Naval Argentina que cuenta con un sistema satelital. Y también hay controles a través de los inspectores de subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca que inspeccionan los barcos.

Por ejemplo, indicó que el año pasado, a través de pedidos de información pública, obtuvieron el listado de las infracciones y sanciones: “había más de 1200 infracciones y solamente sancionadas o con procesos que nunca sabemos cómo se inician ni qué pasa con ellos, alrededor de 400. O sea que ahí hay un déficit”.

Y sumó como complicación que hay menos inspectores para realizar las tareas de control.

“O sea tenemos un déficit en la fiscalización, en el control y en el monitoreo”, advirtió.

Bilbao afirmó que es producto de las políticas de ajuste que viene aplicando el gobierno de Javier Milei desde que asumió en diciembre de 2023.

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