Ley de Tierras: la Defensoría del Pueblo bonaerense logró una cautelar contra su derogación

La Justicia bonaerense le puso un freno a la ejecución total de la derogación de la Ley de Tierras, tras un pedido de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Al mismo tiempo le ordenó al Gobierno nacional que preserve y entregue toda la información sobre tierras rurales en Buenos Aires.

“El organismo que conduce Guido Lorenzino había advertido que por la caída de esta ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros, lo que pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate”, detallaron desde la Defensoría.

Debido a dicha presentación, desde el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata ordenó un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.

Al respecto, Lorenzino consideró que no se puede permitir que la flexibilización o la falta de los controles “deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”. “Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”, sostuvo.

En su fallo, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia.

La medida se tomó en medio de la controversia desde que la Corte Suprema habilitó la extranjerización de territorio argentino y luego de emitir un comunicado para “despejar dudas” en relación a la sentencia que revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación de la Ley de Tierras a partir de un planteo de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) platense, que promovió una acción de amparo contra el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.

Fuente: C5N