Coope Borlenghi
Locales - 07/08/24
Locales - 07 de agosto 2024, 19:27

Lanzan una campaña contra la adhesión de las provincias al RIGI

Entre otros argumentos, señalan que los términos "son una amenaza para el acceso al agua, para los territorios, los bienes comunes".

Distintas agrupaciones, entre ellas comunidades indígenas, organizaciones sociales, partidos políticos, artistas y activistas autoconvocados de diversos ámbitos, exigen que gobernadores e intendentes rechacen la adhesión al RIGI.

“Se trata de una vulneración inconstitucional de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los distintos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en las últimas décadas, particularmente en materia ambiental y de recursos hídricos. Esto incluso implicaría revisiones de los acuerdos relativos a las represas binacionales Salto Grande y Yaciretá”, argumentaron en un escrito.

Agregan que “ante conflictos de interés, por ejemplo de daño ambiental, se terminarían definiendo las denuncias en tribunales internacionales como el CIADI de amplia trayectoria en fallos contra nuestro país”.

Y señala que “el carácter inconstitucional del RIGI implica que quienes adhieran y promuevan este régimen deberán asumir una alta conflictividad social por las consecuencias ambientales, económicas y sociales de su implementación”.

Advierten además que los términos y condiciones “son una amenaza para el acceso al agua, para los territorios, los bienes comunes, y los derechos inalienables de las poblaciones locales y por eso consideramos necesario mantener a nuestras localidades por fuera de sus implicancias”.

“Asimismo, alertamos sobre la pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de las economías regionales que aún subsisten. Ningún estudio de impacto ambiental serio puede hacerse en los tiempos estipulados a la hora de habilitar la incorporación de unidades productivas al RIGI. Es un esquema de zonas económicas liberadas, con exención fiscal e inmunidad legal. Incluso, alertamos sobre la protección militar vía resolución 499/24 del ministerio de seguridad, avalando la criminalización de las comunidades y organizaciones en resistencia.”, concluye el comunicado.

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