Lago Escondido: Organizaciones de DDHH pidieron investigar el viaje de jueces

Organizaciones de derechos humanos reclamaron este martes una “investigación completa” del viaje que magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, donde el magnate británico Joe Lewis posee una estancia, pidieron que el Consejo de Magistratura analice si el hecho constituye un delito de dádivas y anunciaron que solicitarán una audiencia a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

En una conferencia de prensa que ofrecieron este martes en el predio de la exEsma por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoró el sábado pasado, los organismos advirtieron que “la democracia está en riesgo” y le pidieron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la “remoción” del ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y del procurador de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, involucrados en ese viaje que es investigado por la Justicia Federal de Bariloche.

Esos requerimientos fueron formulados en el marco de la rueda de prensa donde se dio lectura a un documento al que adhierieron más de 40 organizaciones de derechos humanos de todo el país.

Allí estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, e integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y representantes de otros organismos.

“Los organismos de derechos humanos vamos a solicitar una audiencia a la Corte Suprema de Justicia. Exigimos la completa investigación del viaje a Lago Escondido; apoyamos e instamos a realizar las denuncias pertinentes ante el Consejo de la Magistratura, y consideramos que debe haber un juicio académico a Julián Ercolini. Solicitamos además a (Horacio) Rodríguez Larreta la remoción de los funcionarios intervinientes en el hecho”, señalaron en el documento.

En ese sentido, se recordó que fueron las organizaciones de derechos humanos las que lograron que la Corte Suprema “retrocediera” con la aplicación del criterio del 2×1 para facilitar la excarcelación de los condenados por delitos de lesa humanidad.

“Contamos con la movilización popular para derrotar el ‘lawfare’ y, de esta forma, terminar con la persecución a la compañera (vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), y a la sociedad toda”, remarcaron.

Antes de la lectura, Pietragalla Corti sostuvo que “estamos en un contexto donde tenemos que reflexionar” y que “nos pone en alerta”.

Seguidamente, la lectura del documento estuvo a cargo de la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de la entidad.

También acompañaron la lectura el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano desde una mesa montada en el predio, donde podía leerse la consigna “Si hay ‘lawfare’, no hay democracia”.

Allí también podía observarse un cartel en el que se reclamaba la libertad para la detenida dirigente social jujeña -referente de la agrupación Tupac Amaru- Milagro Sala.

“En los últimos tiempos estamos viviendo momentos que nos llenan de temor. Hace pocas semanas toda la sociedad vio en primer plano cómo se intentó asesinar a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, expresaron en el texto en referencia al intento de magnicidio que tuvo lugar el 1 de septiembre pasado.

Ante este hecho de violencia política, “sólo comparable con la ejercida durante la dictadura”, denunciaron que “el sector más cuestionado de la justicia federal eligió sesgar la investigación y no profundizar las pistas”.

“Ahora, a través de un fallo vergonzoso, desde el mismo sector judicial se intenta proscribir a Cristina Fernández de Kirchner”, advirtieron en referencia la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la Vicepresidenta por parte del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en el juicio de la causa Vialidad que concluyó el pasado 6 de diciembre.

“Cuando la condena penal se dicta sin pruebas sobre los hechos de corrupción imputados, con jueces parciales, fiscales que desconocen el principio de inocencia, se trata de una condena ilegítima”, puntualizaron en el documento elaborado.

Asimismo, alertaron que “nuestra democracia está en riesgo” y llamaron a la sociedad a “tomar conciencia de lo peligroso que puede ser un Poder Judicial que se para por arriba de la voluntad popular”.

“Sin justicia, no hay democracia; sin democracia, no hay derechos humanos”, concluye el documento.

Fuente: Télam