Lago Escondido: “Debe haber una rápida investigación de la conducta de los jueces”

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires lanzó un comunicado titulado “La conducta judicial no debe arrojar dudas” en referencia al viaje de jueces federales a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido.

Uno de los que firma la nota es el presidente de la entidad, Juan Galarreta, quien esta mañana en diálogo con Radio Altos hizo hincapié en la división de poderes como uno de los principios básicos del sistema constitucional y democrático. Además, enfatizó que el Poder Judicial es el resguardo que tiene cada ciudadano y ciudadana frente a la posibilidad de un ejercicio autoritario y arbitrario por parte del resto de los poderes. “Por eso las características principales son la independencia y la imparcialidad”, remarcó.

En cuanto a la independencia, mencionó que es en relación al resto de los poderes públicos o a los poderes fácticos que se ejercen desde el ámbito privado. “Es una garantía para todos los ciudadanos para que las pautas que rigen nuestra convivencia en sociedad, como son la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y las normas que hacen a esa reglamentación, sean iguales para todos los ciudadanos”, precisó.

Por eso, opinó que en el caso del viaje de jueces a Lago Escondido hay vinculaciones con el ámbito privado y eso “arroja un manto de sospecha sobre el Poder Judicial y consecuentemente sobre la confianza que debe tener el ciudadano en relación a ese poder que es el que le garantiza la tranquilidad y el resguardo ante la posibilidad del ejercicio de poder arbitrario por parte de los otros poderes”.

Galarreta insistió en que si hay vinculaciones o sospechas de relaciones entre funcionarios del Poder Judicial y el ámbito privado, se deben despejar a través de las investigaciones correspondientes.

Y aclaró que tal como lo definen las Reglas de Bangalore, no es una opción para los magistrados o quienes integran el Poder Judicial, sino una obligación, ser independientes, imparciales y mantener una conducta que le dé confianza al ciudadano. “En ese ámbito, fuera de la investigación penal, lo que se plantea son cuestiones éticas”, manifestó.

Allí radica el argumento del pedido desde la Red de que jueces y el fiscal investigados por el viaje a Lago Escondido no solo afronten las consecuencias del proceso penal abierto en su contra, sino también se deslinden sus responsabilidades políticas en la instancia disciplinaria, ante los respectivos tribunales de enjuiciamiento de magistrados y miembros del ministerio público

“Lo consideramos indispensable aún para los propios involucrados para que puedan aclarar. Este pedido tiene un doble efecto: construir la confianza en la comunidad por la indignación que esto ha creado y para que puedan los involucrados, no en el ámbito penal sino en el que tiene que ver con la conducta de tipo ético, ejercer su defensa y aclararlo”, sostuvo.

Por último, reiteró que una cosa es la investigación penal donde se determinará la legalidad o no de la información que se obtuvo a través de escuchas que se han mencionado (los chats de Telegram) y otra tiene que ver con que los protagonistas que no desmintieron que existió el viaje ni que tuvieron contacto con el multimillonario empresario británico Joe Lewis y empresas privadas.