La querella insiste en que “hubo espionaje ilegal” a familiares del ARA San Juan

La abogada Valeria Carreras, quien asesora a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, insistió esta mañana en diálogo con Radio Altos que el gobierno de Mauricio Macri realizó tareas de espionaje ilegal.

“Fue aberrante el justificativo que dio la Cámara para sobreseer a Macri y a todos los procesados. Dijo que hubo tareas de espionaje e inteligencia, pero fueron legales porque cuidaban la seguridad presidencial y porque eran para evitar un atentado o rever el cuidado de la seguridad interior y nacional”, recordó sobre el fallo de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia integrantes de la Cámara Federal porteña.

La letrada aseveró que de esa sentencia se desprende que sus representadas (mamás y esposas de las víctimas del ARA San Juan) eran personas violentas y/o tenían características compatibles con la de terroristas. “Son mujeres que no han sido tratadas en pie de igualdad por la Justicia; no tenemos la garantía de juez imparcial, los jueces fueron nombrados por decreto por el propio procesado, tenemos otros jueces en el mismo fuero que no solo tienen relaciones deportivas con el expresidente y lo visitaban asiduamente en la residencia de Olivos y en la Casa Rosada, sino que también familiares de los jueces fueron parte el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri”, enumeró sobre las irregularidades.

No dudó en afirmar que todo lo expuesto es parte del entramado de la mesa judicial y de las relaciones que formó durante el gobierno macrista el operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

Respecto a cuáles son las herramientas que tiene la querella tras el fallo del sobreseimiento de Macri y de los otros procesados, indicó que recurrirá a Casación, aunque admitió que se trata “de una vía muerta”. “Voy a ser atendida por jueces de Comodoro Py que están totalmente amañados y son parte de la mesa judicial”, advirtió.

Otra posibilidad es hacer una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero señaló que recién podrá recurrir a esa instancia dentro de 45 días.

Y, por último, mencionó que ya pidió la intervención del Relator Especial sobre la independencia de Magistrados ante Naciones Unidas, Diego García Sayan. “Le pedí que se presente en Argentina y haga una evaluación de cómo está la justicia en Argentina. Dará un dictamen que no es vinculante”, subrayó.