La CPM reclama “cambios urgentes” en la política criminal bonaerense

La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental, niñez y justicia penal de la provincia de Buenos Aires.

Resumieron que desde hace más de 25 años la política criminal, asentada en las premisas del punitivismo y aprehensiones policiales de jóvenes no vinculados con el delito, no solo no resuelve los problemas de seguridad sino que genera graves violaciones a los derechos humanos.

El abogado, psicólogo social e integrante de la CPM, Roberto Cipriano García, manifestó esta mañana en diálogo con Radio Altos dijo que desde la gobernación de Carlos Ruckauf hasta la actualidad se ha reproducido la idea de políticas de mano dura y de saturación policial en el territorio: “Permanentemente los gobiernos parten de la misma receta para, por supuesto, producir el mismo efecto”. 

Enfatizó que este sistema que desde la comisión denominan “de crueldad” lo integran la Policía, el Poder Judicial Penal y el Servicio Penitenciario. En particular sobre la fuerza policial, subrayó que la presencia de efectivos en territorio no cumple con la función de prevención del delito, sino que desarrolla una tarea de control de las poblaciones más pobres, excluidas, de la periferia y de las villas miserias.

Aportó como dato que en promedio la Policía Bonaerense detiene por año a 285.000 personas en el marco de esa tarea de prevención del delito. Pero luego solo el 14% de esas aprehensiones termina con personas imputadas por un delito y apenas el 6% de esos casos terminan en el Servicio Penitenciario condenados o en prisión preventiva.

“El 86% de las detenciones policiales no guardan ninguna relación con la comisión de un delito, sino que son detenciones policiales en clave de un estigma que se va construyendo socialmente, de quiénes son los delincuentes, quiénes son los chorros: los pibes jóvenes de las barriadas populares”, aseveró.

Y sumó como agravante que esa policía que se despliegue en el territorio está desprofesionalizada, se entrama con las bandas delictivas, y eso también se traduce en que no cumple con el objetivo de la persecución del delito de menor ni tampoco del delito complejo. “Hoy las redes de narcotráfico, trata de personas, piratería del asfalto, no son redes que atrapa el sistema y mucho menos que sanciona o que enjuicia”, criticó.

Planteó que existe un problema estructural que se viene reproduciendo en las últimas décadas debido a que no hay una decisión política de enfrentarse con ese sistema, porque opinó, “implica meterse con la policía y conflictividad”.

En el reciente informe presentado destacaron como dato positivo que hubo una baja significativa en la cantidad de muertes en lugares de encierro. En el caso de las cárceles se redujo un 40% y en comisarías pasó de 25 a 15%.

Aunque advirtió que creció la letalidad policial. “En 2023 la policía mató a 114 personas, contra las 98 que había matado el año anterior”, precisó. 

Cipriano García estimó que en 2024 crecerá la letalidad policial y alertó sobre los discursos de mayor punitivismo que son habilitadores a una mayor violencia policial. 

Sobre el protocolo antipiquete que puso en marcha el gobierno de Javier Milei, informó que la CPM monitoreó distintas manifestaciones públicas y que detectaron entre 12 y 13 hechos de represión en un total de 40 protestas.

“Lo que termina pasando es que también las fuerzas se van soltando y se van generando situaciones cada vez más violentas porque también hay mucha inversión en tecnologías para la represión”, cuestionó y mencionó que la mayoría de los efectivos policiales ahora portan gas pimienta. 

Sobre el proyecto de baja de la edad de imputabilidad que impulsa el Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Justicia que dirige Mariano Cúneo Libarona, afirmó que se basan en falacias discursivas para defender la iniciativa y aseguró que lo que se plantea está alejado de la realidad. “Son de esas cosas que se instalan en la discusión para generar un posicionamiento”, recalcó.

Recordó que en la provincia de Buenos Aires, el sistema “ya atrapa” a menores de 16 años. “La ley procesal penal juvenil dice que los menores de 16 pueden ser recluidos, no dice detención, como una medida de seguridad que se puede dictar para proteger al pibe o a la sociedad. Hoy los pibes que cometen delitos graves menores de 16 años están en los centros de jóvenes”, insistió.

Y detalló que de los 850 jóvenes que ingresaron a centros cerrados o semicerrados durante 2023 en la provincia de Buenos Aires, el 16% eran menores de 16 años. “Entonces, no es cierto que esos pibes no estén perseguidos y atrapados por el sistema penal. Y además que estamos hablando de un problema chico, son 120 pibes”, expuso.

Desde la CPM objetan que el Estado destine recursos para seguir encarcelando a jóvenes en lugares donde las condiciones son inhumanas y donde prácticamente no pueden acceder a la educación. 

“Con esos pibes lo que estamos haciendo es iniciándolos en una carrera que los va a llevar inevitablemente al delito, a la exclusión, porque esos lugares no sirven para la reeducación o la resocialización”, alegó.

En contrapartida, reclaman que el Estado invierta recursos suficientes para establecer programas que incluyan equipos interdisciplinarios que puedan trabajar con esos menores que incurrieron en el delito.

“Estamos hablando de 120 pibes en la provincia de Buenos Aires. Es un universo muy pequeño que tranquilamente podría abordarse de otra manera, trabajar con ese pibe, con su familia, y no tener que pensar que la única salida es el encierro que no solo va a vulnerar los derechos de ese pibe, sino que va a ocasionar mayor daño social”, agregó

Por último, uno de los puntos en los que hizo hincapié fue en la tortura que “sigue siendo una práctica sistemática en la provincia de Buenos Aires”. Relevaron más de 50.000 hechos de tortura y otros 17.000 de nulo acceso a la justicia de parte de las personas que “atrapó” el sistema penal.