España aprobó una ley que establece una obligación de consentimiento explícito

El Congreso de España aprobó este jueves una ley contra la violencia sexual que establece la obligación de un consentimiento explícito, una medida que el gobierno progresista abanderó después de la violación grupal de “La Manada” a una joven en 2016.

El texto, apoyado por todo el pleno de la Cámara de Diputados, salvo el Partido Popular (PP) y Vox, elimina la distinción entre abuso y agresión, regula la necesidad del consentimiento expreso y tipifica el acoso callejero.

La “Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual” -conocida como “Solo sí es sí”– había sido aprobada por Diputados en mayo pasado.

No obstante, en julio, durante la votación en Senadores se introdujo una enmienda menor y el proceso requería que se votara nuevamente en la Cámara baja.

Este jueves, con el texto corregido, que solo modificaba una palabra del preámbulo respecto de la ley original, quedó definitivamente aprobada por 205 votos a favor, 141 en contra y tres abstenciones, informó la cadena pública RTVE.

La sanción fue celebrada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que la describió como una “victoria” y agradeció los “años de lucha” al movimiento feminista y, especialmente, a “las víctimas de violencias sexuales”.

Algunos argumentos esgrimidos entre quienes no votaron a favor de la ley fueron, por ejemplo, que “puede traer consigo irregularidad” y que, por tanto, “no es la ley que nos habría gustado apoyar”, de parte del PP, mientras que Vox calificó la norma de “infame”, porque “el objetivo no es proteger a la mujer, sino atacar al hombre”.

El texto, que implica una reforma del Código Penal español, sitúa en el centro el “consentimiento”, que solo se entenderá “cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

Las víctimas ya no tendrán que acreditar que sufrieron violencia o que se resistieron como ocurría hasta ahora.

La ley también considera ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución y castiga a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización.

En paralelo, se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria y los menores que cometan delitos sexuales deberán realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.

La utilización de violencia o de intimidación ya no serán, por tanto, necesarias para tipificar un delito de violación, como ocurría hasta ahora.

Fuente: Télam