¿En qué consiste el convenio entre Municipio e IREL que aprobó el Concejo Deliberante?
El centro de rehabilitación se hará cargo de quienes concurrían a Inbare y el Ejecutivo aportará un subsidio.
Ayer el Concejo Deliberante, por unanimidad, aprobó el proyecto que elevó el Ejecutivo para avanzar en un convenio con IREL para que se haga cargo de las 70 personas con discapacidad que concurrían a Inbare, empresa que decidió cerrar sus puertas aduciendo problemas económicos.
Esta mañana en diálogo con Radio Altos, el edil de Juntos Adrián Jouglard indicó que decidieron autorizar al intendente Federico Susbielles a suscribir el mencionado convenio para que el centro de rehabilitación que funciona en Alem al 1500 se haga cargo de los servicios que dejó de prestar Inbare.,
En ese centro de día personas con discapacidad, jóvenes y adultos, realizaban diversas actividades de inclusión, de estimulación y de sociabilización.
“Hasta tanto IREL resuelva temas de habilitaciones, categorizaciones y cuestiones administrativas, el Municipio va a subsidiarlo”, confirmó.
El objetivo es que a medida que se incremente el aporte que tiene que realizar el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS) a través de las obras sociales, la ayuda económica de la Municipalidad disminuya.
“Ayer decidimos aprobar la solicitud del intendente para que el Municipio pueda hacer frente a esta situación”, remarcó el edil de la oposición, aunque aseveró que se trata de una cuestión coyuntural que requería de una resolución de manera urgente.
En ese sentido, expuso que otros centros de día también presentan dificultades económicas porque los valores del nomenclador (lo que abonan las obras sociales) “se han deteriorado” porque las actualizaciones que se han aplicado son menores al índice de inflación.
El deliberativo aprobó también ayer una resolución en la que solicita al Ministerio de Economía, a la Superintendencia de Servicios de Salud y a los Ministerios de Salud de Nación y de Provincia, que adecúen los valores que pagan las obras sociales por las prestaciones a personas con discapacidad.
“No pueden los municipios terminar siendo la rueda de auxilio de quien tiene la función, el recurso económico y el nivel de responsabilidad dentro del Estado”, aseveró.
Jouglard precisó que el convenio se extenderá por seis meses con una renovación automática por otros seis meses. Y al cabo de un año, si la situación lo requiere, volverá a ser tratado el tema en el deliberativo.
