El Tribunal Supremo de Brasil pidió abrir más investigaciones por el intento de golpe

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó este lunes la apertura de nuevos sumarios sobre el ataque de este mes de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro contra los edificios de los tres poderes del Estado, en Brasilia, mientras el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva redobló una purga militar y advirtió que no se perdonará a los golpistas.

“Brasil volverá a la normalidad: las Fuerzas Armadas van a cumplir con su papel, el Poder Ejecutivo va cumplir su papel, el Poder Legislativo va cumplir su papel, y así Brasil estará bien”, resumió este lunes Lula da Silva en Buenos Aires, a donde llegó para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Afirmó además que había elegido a “un comandante del Ejército que no funcionó”, por lo que debió “elegir a otro”. “Y él piensa exactamente lo mismo que yo sobre las Fuerzas Armadas”, expresó, en referencia a los cambios de mando que resolvió el fin de semana.

Y remarcó que las FFAA “no están para servir a un político, sino para asegurar la soberanía del país”.

Horas antes, en Brasil, el ministro del STF Alexandre de Moraes dispuso, por pedido de la Procuraduría General de la República (PGR), que se abran otros tres sumarios para investigar la conducta de los golpistas implicados en actos de terrorismo del 8 de enero, pero que separan a los futuros investigados por el tipo de participación: los financiadores, los ejecutores y los autores intelectuales de los actos.

En los tres casos se mencionan los delitos de terrorismo; asociación delictiva; abolición violenta del Estado democrático de derecho; golpe de Estado; amenaza; persecución e incitación al crimen.

“El 8 de enero de 2023, una turba violenta y antidemocrática, insatisfecha con el resultado de las elecciones de 2022, con el objetivo de abolir el Estado Democrático de Derecho y la deposición del gobierno legítimamente constituido, avanzó contra la sede de los tres Poderes de la República, exigiendo una pronta y enérgica respuesta del Estado”, describe la PGR al inicio de la solicitud de consulta, según cita el portal de noticias G1

Y advierte que “la escalada de violencia tomó contornos incompatibles con el estado de derecho, resultando en la invasión y depredación masiva de los edificios del Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal”.

De Moraes ya había determinado el 13 la apertura de una investigación sobre el caso, enfocada específicamente en la conducta de autoridades como el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha -ahora destituido-, y el entonces secretario de Seguridad del DF, Anderson Torres -despedido y detenido-.

En los pedidos enviados al STF y aceptados por De Moraes, la PGR defiende la división de la investigación en cuatro indagatorias específicas.

El modelo, según la fiscalía, es importante “para la optimización de los recursos de investigación y a los efectos de la adecuada gestión de futuras actuaciones delictivas”.

La PGR describe en el documento algunas de las conductas que serán investigadas en cada indagatoria.

En paralelo, el Gobierno exoneró a otros cinco militares del Palacio de Planalto, cuatro de ellos que trabajaban en la vicepresidencia y otro en el despacho personal de la Presidencia.

Con la decisión que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, se amplía la secuencia de destituciones de militares intensificada tras el acto golpista del día 8.

De los relevados, un teniente era asesor técnico militar de la oficina personal del Presidente de la República, informó el diario brasileño Folha de Sao Paulo.

Los otros cuatro ocuparon la vicepresidencia de la República: tres de ellos eran del asesor militar de la oficina del vicepresidente y otro del departamento de administración y finanzas.

La semana pasada, 84 militares fueron destituidos de sus cargos en el Planalto, 38 de ellos del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), responsable de la seguridad del Palacio del Planalto y de la Presidencia.

La presión sobre el ministro de Defensa, José Múcio, aumentó por las sospechas de que las Fuerzas Armadas no actuaron para impedir el vandalismo en el palacio y fueron indulgentes con los golpistas acampados frente al cuartel general.

El sábado último, Lula destituyó al comandante del Ejército, general Júlio Cesar de Arruda, en medio de una abierta crisis de confianza con las Fuerzas Armadas.

El nuevo jefe de la Fuerza es el general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que se desempeñaba como comandante militar del Sudeste, responsable de San Pablo.

Las exoneraciones no fueron las únicas malas para el sector militar: Múcio dio por seguro que Lula “no perdonará a los golpistas”, en declaraciones que hizo justamente después de reunirse con Ribeiro Paiva, de quien explicó que tendrá que hacer algunas “costuras internas” dentro del Ejército.

“Tuvimos que hacer lo que se hizo”, explicó además Múcio sobre De Arruda.

Por otro lado, De Moraes reprogramó para el 2 de febrero el interrogatorio del exsecretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres -exministro bolsonarista, además-, previsto inicialmente para este lunes, para darle a la defensa el tiempo necesario para “el análisis de los documentos”.

Torres está en prisión desde el 14 de enero, investigado por omisión en el asalto del 8 de enero; pero, además, se encontró en su casa un borrador de decreto que desconocía el resultado de las elecciones en las que Lula derrotó a Bolsonaro, el 30 de octubre de 2022.

La ofensiva de De Moraes contra los sectores golpistas tiene también su contracara, y el magistrado ya tiene en el Senado dos demandas presentadas por seguidores del expresidente Bolsonaro para sacarlo del cargo.

La primera de las demandas es del 5 de enero -antes de los ataques- y lleva las firmas de seis abogados afines a Bolsonaro, mientras que la segunda fue presentada el 9 por Robert Petty, aspirante a concejal en 2020.

En las dos se cuestiona su labor como encargado del caso de “noticias falsas”, en el que está incluido Bolsonaro por sus ataques al sistema electoral brasileño y al modelo de votación.

Precisamente Bolsonaro y sus hijos tienen cinco días para manifestarse sobre el intento de golpe de Estado del 8, por decisión del ministro Benedito Gonçalves, también del TSF, plazo a contarse a partir de la citación manifestada en el despacho publicado el 21 de enero.

Según la estatal Agencia Brasil, el magistrado quiere escuchar de Bolsonaro explicaciones sobre una publicación en redes sociales en la que cuestionó el resultado de las elecciones que eligieron a Lula presidente y sobre los saqueos a las sede de de los tres poderes.

También fueron intimados a manifestarse el senador Flavio Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro y el general Walter Braga Netto, excandidato a vicepresidente de Bolsonaro.

Finalmente, una ordenanza publicada este lunes en el Diario Oficial (DOU) prorrogó hasta el 4 de febrero el uso de la fuerza nacional “en la protección del orden público y de los bienes públicos y privados” de Brasilia.

Fuente: Télam