El gobierno impulsará acciones para anular las concesiones de las autopistas Norte y Oeste

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles la firma de un decreto por el cual ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.

“Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”, señaló el mandatario sobre los convenios firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.

El mandatario hizo el anuncio desde la Casa Rosada, junto al ministro de Obras Púbicas Gabriel Katopodis, quien recibió el encargo de gestionar la nulidad de los contratos ante el fuero contencioso administrativo federal.

Cifras difundidas este miércoles indican que, de acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando 1.830 pesos si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores.

En la presentación, Fernández subrayó que el Gobierno nacional “lleva adelante una política tendiente a ordenar el sistema de las autovías concesionadas”.

“Hemos recuperado para el Estado 7.000 kilómetros que estuvieron concesionados y hoy administra el Estado, con buenos resultados”, manifestó.

Además, anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste “seguramente será acercada como prueba” en la justicia penal federal, “donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes“, en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos.

“Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador”, afirmó el jefe de Estado.

“Estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente; por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado”, completó.