El Gobierno avanzó con varias de las modificaciones que propuso a la ley de sociedades

El Gobierno presiona al Senado para que avance de manera más eficaz con la sanción de la reforma de la Ley de Sociedades que propuso el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en junio pasado. 

La ley que tiene como espíritu facilitar la creación de empresas, elimina algunas formas de asociación, y plantea además que una empresa puede dedicarse a varias actividades aunque estas no sean conexas entre sí.

Frente a ello, esta semana se conoció una resolución general de la Inspección General de Justicia (IGJ) que avanza en la implementación de hecho de una serie de puntos propuestos en el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo.

Entre los cambios mas importantes establecidos por la Resolución General 11/2026 están la simplificación de los trámites para iniciar una nueva empresa. Hay documentación que podrá ser controlada ex post. También se permite que una empresa fije como domicilio una dirección electrónica y que pueda desarrollar varios tipos de actividades, siempre que sean de carácter lícito.

Al respecto, Florencia Galante, directora de GEM (Global Entity Management) en TMF Group señaló que “uno de los cambios más significativos es la eliminación del dictamen de precalificación profesional obligatorio para la constitución de sociedades”. “Esta modificación implica una reducción de costos y tiempos para los constituyentes.”, explicó Galante.

La especialista indicó que “la resolución también flexibiliza considerablemente el tratamiento del objeto social ya que en adelante, las sociedades podrán incluir una o más categorías de actividades sin necesidad de demostrar conexidad, complementariedad o accesoriedad entre ellas”.

“Particularmente para las Sociedades Anónimas Simples (SAS), se vuelve a admitir la posibilidad de establecer como objeto la realización de ‘cualquier actividad lícita’, una solución que otorga mayor amplitud operativa y reduce la necesidad de futuras modificaciones estatutarias”, añadió.

Galante también destacó como “novedoso” que se permitan también integrar capital a empresas mediante criptoactivos.

Consultada por Ámbito, la profesional indicó que “tanto la RG IGJ 11/2026 como el proyecto de reforma de la Ley 19.550 (que fue enviado en junio al Senado) parten de una idea común, que es reducir el control preventivo del Estado sobre la organización interna de las sociedades y ampliar la libertad de los particulares para definir cómo estructuran sus negocio”.

En cuanto a las sociedades que puedan dedicarse a varias actividades, Galante indicó que “al habilitar desde ahora objetos sociales amplios y actividades lícitas no relacionadas entre sí, la IGJ adelanta en la práctica algunos de los resultados que busca la futura reforma legislativa, permitiendo que sus efectos se materialicen sin esperar los tiempos propios del debate parlamentario”.

El proyecto de ley descansa en el Senado

El ministro Federico Sturzenegger ha quedado en el ojo de la tormenta este año debido a su relativa autonomía para avanzar con proyectos de desregulación que le han generado dolores de cabeza al Gobierno. Uno de ellos es el agregado a la ley de reforma laboral que permitía a una empresa reducir el salario a la mitad a un empleado que tuviera una enfermedad o accidente que le impidiera trabajar por un largo período.

De hecho, ese tipo de cuestiones llevarona a la creación de la Mesa Política, para evitar que se colaran iniciativas que tienen que pasar por el Congreso sin que antes pasara por el tamiz de los legisladores que la tienen que defender luego. De ahí que ahora los proyectos de Sturzenegger exigen un mayor grado de atención, lo que explicaría las razones por las que los cambios en la Ley de Sociedades siguen en el Senado sin fecha de tratamiento desde hace 4 meses.

La reforma propone entre otras cosas:

• Las decisiones de los socios establecidas en el estatuto de una empresa prevalecen sobre la ley y por sobre los controles de la IGJ. Como actualmente la norma es inflexible, los acuerdos entre socios deben pasar por trámites externos ante escribanías.
• El proyecto autoriza la constitución de sociedades mediante firma digital, el uso de libros y registros digitales, domicilios electrónicos y la realización de asambleas a distancia.
• Se crean las Sociedades Automatizadas capaces de operar mediante algoritmos e IA sin intervención humana continua.
• Se permite que las empresas abarquen múltiples actividades no relacionadas en su estatuto o, en su defecto, realicen cualquier actividad lícita sin necesidad de declarar un objeto social único.
• Incorpora instrumentos de inversión convertibles (capital de riesgo sin asumir deudas inmediatas) y autoriza el uso de arbitrajes privados o la sujeción a legislaciones extranjeras para dirimir conflictos internos.

Fuente: diario Ámbito