El Gobierno avanza con la reforma estructural del mercado eléctrico

Después de casi dos décadas de un esquema fuertemente intervenido, la Secretaría de Energía sepultó el rol de CAMMESA y formalizó este lunes la “normalización” del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un cambio de paradigma que busca restituir el principio de marginalismo y eliminar los precios administrados que rigieron desde la crisis de 2001. 

Con la Resolución 400/2025, el Gobierno busca restablecer un mercado competitivo, donde la oferta y la demanda vuelvan a definir el valor de la electricidad y el Estado se retire de la operación directa para ocupar solo un rol regulador. 

La nueva etapa para el sistema eléctrico argentino incluye libre contratación, precios marginales y menos subsidios.

El nuevo esquema, que entrará en vigor el 1° de noviembre, promete “transparencia, competencia y sustentabilidad”, pero su implementación plantea desafíos complejos: desde la transición tarifaria y la recomposición de ingresos del sistema hasta el impacto social de sincerar los costos reales de la energía.

El texto oficial reconoce que la intervención prolongada -a través de precios congelados, subsidios generalizados y contratos administrados- distorsionó las señales económicas, frenó inversiones y generó dependencia del gasto público.

El objetivo ahora es “restablecer las condiciones de mercado”, lo que implica un nuevo esquema de precios marginales, un mercado a término de energía y potencia que habilite contratos libres entre generadores, distribuidores y grandes usuarios, y una descentralización total de la compra de combustibles: cada generador térmico deberá adquirir su propio insumo, mientras CAMMESA dejará de cumplir ese rol concentrador y volverá a ser solo el organismo de despacho y liquidación de transacciones.

En paralelo, se crean dos figuras clave: la Generación Asignada, que incluye las centrales con contratos vigentes o bajo control estatal (como las nucleares y las hidroeléctricas binacionales), y la Generación al Spot, integrada por las plantas que competirán libremente en el nuevo mercado.

El fin de los precios subsidiados

La resolución impulsa un sinceramiento de los costos reales del sistema, estableciendo que los precios de energía y potencia del MEM se basarán en los costos marginales de producción y no en valores administrativos.

Esto supone un giro profundo respecto del esquema actual, donde el Estado -a través de CAMMESA- fijaba precios de referencia muy por debajo del costo real y cubría la diferencia con subsidios.

Según cálculos privados, más del 60% del costo total de la energía eléctrica está hoy subsidiado. La normalización, por lo tanto, implicará que esa diferencia empiece a trasladarse de manera gradual a las tarifas finales.

“Es un paso inevitable si se busca atraer inversiones y dar previsibilidad al sistema”, opinan desde el sector, aunque reconocen que la transición deberá ser cuidadosamente calibrada para evitar impactos sociales y tarifarios abruptos.

Nuevas reglas para generar y contratar energía

Otro punto central es la creación de un Mercado a Término de Energía y Potencia, que permitirá que grandes usuarios, distribuidores y generadores pacten libremente precios y condiciones de abastecimiento.

El modelo busca reproducir, en el ámbito eléctrico, lo que ya existe en el gas natural con el Plan Gas.Ar, pero con mayor apertura y competencia.

Además, la norma introduce los Servicios de Reserva de Confiabilidad Base y Adicional, que remuneran con valores fijos en dólares la potencia disponible del parque generador -1.000 dólares por MW-mes para plantas existentes y 9.000 dólares por MW -mes para nueva capacidad-.

Se trata de un incentivo directo a la inversión y a la disponibilidad técnica, aunque especialistas advierten que la sostenibilidad del esquema dependerá del equilibrio macroeconómico y del acceso a divisas.

Para las generadoras, el nuevo régimen representa mayor autonomía y potencial rentabilidad, pero también mayor exposición al riesgo de mercado y volatilidad cambiaria.

Las distribuidoras, en cambio, deberán redefinir su relación con CAMMESA y con los grandes usuarios, en un marco donde ya no existirá una tarifa subsidiada uniforme sino precios acordados bilateralmente.

“Este es el paso más importante en materia de normalización energética desde la privatización de los ’90”, señalan fuentes del sector. Sin embargo, reconocen que el éxito del plan dependerá del cumplimiento de las reglas, la estabilidad del tipo de cambio y la capacidad del Estado de sostener la transición sin sobresaltos políticos o sociales.

CAMMESA, de árbitro a actor residual

Uno de los cambios más profundos afecta directamente a CAMMESA, que dejará de centralizar la compra de combustibles y los contratos de generación.

El organismo mantendrá las funciones de despacho técnico y liquidación del mercado, además de actuar como proveedor de última instancia para los agentes que no consigan abastecimiento, pero su poder operativo se reducirá drásticamente.

En términos prácticos, esto implica un regreso al diseño original de 1992, cuando el MEM se creó bajo el principio de libre competencia y mínima intervención estatal.

En sus considerandos, la resolución 400/2025 subraya que el nuevo esquema busca “asegurar la libertad de contratación, la transparencia en los precios y la autosuficiencia económico-financiera del sistema”.

El desafío, sin embargo, será lograr ese equilibrio sin desfinanciar a los usuarios residenciales ni generar un salto tarifario incontrolable.

El proceso de normalización, previsto para completarse en 24 meses, promete una transición “gradual, ordenada y previsible”, pero los antecedentes recientes muestran que los cambios de régimen en el sector eléctrico argentino nunca son lineales.

Un cambio estructural con final abierto

Con esta resolución, el Gobierno intenta cerrar el ciclo del intervencionismo energético y avanzar hacia un sistema basado en reglas de mercado.

La intención es clara: que los precios reflejen costos reales, que los subsidios sean focalizados y que las inversiones privadas vuelvan a liderar el desarrollo del sector.

Pero los interrogantes persisten: ¿podrá sostenerse el nuevo marco sin respaldo fiscal en una economía aún frágil? ¿están los usuarios y las provincias preparados para una liberalización plena del mercado? ¿qué ocurrirá si los precios internacionales del gas o la energía se disparan nuevamente?

La normalización del MEM marca un antes y un después en la política energética argentina. Su éxito o fracaso será, en definitiva, una prueba sobre la capacidad del país de equilibrar eficiencia económica con sostenibilidad social.

Fuente: diario Ámbito