DNU: empezaron las negociaciones para conformar la bicameral

El presidente Javier Milei anunció el miércoles pasado el DNU que deroga una treintena de leyes como la Ley de Alquileres, de Góndolas y de Abastecimiento, establece reformas en la legislación laboral y en la desregulación de las obras sociales y prepagas, así como el sistema de tarjetas créditos, y convierte las empresas públicas en sociedades anónimas para su futura privatización.

Mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.

Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una “sanción ficta” o tácita.

De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.

La intención del oficialismo es poder tener armada la comisión de Tramite Legislativo, que tiene de ocho senadores y ocho diputados, la próxima semana teniendo en cuenta que el 5 de enero es la fecha tope para que el Gobierno envíe el DNU y, en forma paralela, comenzaron las negociaciones con los bloques que cuestionan la forma, pero no el fondo de la mayoría de las propuestas que están contempladas en esta norma.

El ministro del Interior Guillermo Francos, quien estuvo el jueves en el Congreso Nacional donde se reunió con Villarruel y Menem, afirmó que el armado de la Comisión Bicameral para tratar el DNU en el Congreso es “central” y se está “trabajando para poder constituirla”.

“Nuestra representación parlamentaria es minoritaria, pero se construye mayorías a través de consensos y acuerdos para que nos permita llevar adelante el objetivo”, concluyó.

En el Senado, la Vicepresidenta fue autorizada a conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza (LLA), además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (conformado por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (de peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).

Sin embargo, los legisladores del FDT siguen reclamando tener cuatro lugares y por eso proponen a María Teresa González, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, aunque desde el oficialismo ya tienen definido que le otorgarán tres representantes.

Aunque no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el oficialista de LLA Juan Carlos Pagotto, de La Rioja; el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.

Por Diputados están nominados Oscar Zago, por La Libertad Avanza; Francisco Monti, de la UCR, Hernán Lombardi, del PRO; y Nicolás Massot, de Cambio Federal. Aún no está definido si UxP se quedaría con 4 o 3 sillas en la bicameral. Tampoco trascendieron los nombres.

Pero además de definir la conformación, el oficialismo deberá encarar una negociación con la Unión Cívica Radical, el PRO, Cambio Federal, Hacemos con Córdoba, bloques provinciales, que con matices objetaron que el Gobierno se haya inclinado por un DNU en lugar de haber convertir esas propuestas en proyectos de ley, ya que sostienen que avalarían varias de los cambios impulsados por el presidente Milei.

El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, respaldó el viernes las propuestas de desregulación económica contempladas en el DNU publicado esta semana, pero pidió que el oficialismo analice la posibilidad de enviar esas propuestas en proyectos de ley o fragmentar por temas el DNU.

Uno de los temas que genera dificultades para poder respaldar algunas de las propuestas contempladas en el DNU que es el decreto no se puede aprobar parcialmente ya que lo impide la Ley 26122 sancionada en el 2006 a propuesta de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, se establece que “no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes”.

Fuente: Télam