Discapacidad: amplia brecha entre los valores del nomenclador y los costos de los centros de día

El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional del Sur estudió la evolución de los aranceles de los Centros de Día para personas con discapacidad entre 2018 y 2025. El trabajo fue solicitado por la Municipalidad luego del cierre de Inbare (Instituto Bahiense de Rehabilitación) y el acuerdo para que las prestaciones las siga garantizando IREL.

“En ese momento el planteo era que lo que se pagaba por el nomenclador no era suficiente para financiar los costos, por eso el prestador dejó de ofrecer el servicio porque no era rentable, no era financieramente factible”, expusieron esta mañana en diálogo con Radio Altos María Eugenia Elorza y Nebel Moscoso, investigadoras que junto a Facundo Durán realizaron el estudio.

El pedido del gobierno de Federico Susbielles fue que se determine el costo real del servicio que presta el centro de día y en qué medida “se alejaba de lo que estaba fijado por el nomenclador”.

Ocurrió en medio de un cambio sustancial en materia de discapacidad porque la Agencia Nacional de Discapacidad fue disuelta y sus funciones fueron delegadas a la secretaría de Discapacidad que pasó a depender del Ministerio de Salud de la Nación.

Para realizar el informe, las investigadoras de la UNS utilizaron la actualización de 2018 del nomenclador que fue la última que tenía detrás el sustento de un estudio de costos a nivel nacional. Elaboraron un índice de actualización con tres componentes de la estructura de costos de un centro de día para personas con discapacidad: el 60% del costo está vinculado a salarios y a cargas sociales; el 30% a insumos y materiales médicos; y el 10% restante a gastos generales.

“Hicimos una actualización desde 2018 hasta el diciembre del año pasado y vimos que la brecha entre los valores fijados por el nomenclador que es lo máximo que puede cobrar un prestador y la aproximación al costo real era del 60% en el caso de los centros de día que prestan servicios todo el día y alcanzaba el 86% en los centros de día que prestan un servicio de medio día”, detallaron.

Expusieron, además, que esa brecha “muy grande” empezó a aparecer en el año 2023; hasta ese momento el nomenclador acompañaba a la inflación. Y la principal consecuencia fue el desfinanciamiento de los prestadores, llevándolos a que no puedan seguir funcionando y tengan que cerrar sus puertas dejando sin atención a las personas con discapacidad.

Si bien señalaron que en lo que va de 2026 la actualización del nomenclador acumula 24%, una cifra levemente superior a la inflación que rondó el 22%, el problema es el “desfasaje histórico que se arrastra” de los últimos tres años.

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