Conflicto en Granja Tres Arroyos: extendieron la conciliación obligatoria
El sindicato denunció que 1200 operarios no están cobrando ni recibiendo tareas en las tres plantas.
La tensión en la industria avícola bonaerense alcanzó un nuevo pico de incertidumbre.
En el marco de un conflicto de alto impacto social y productivo que mantiene en vilo a familias de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo decidió extender por cinco días hábiles la conciliación obligatoria entre la firma Granja Tres Arroyos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
La resolución oficial se dio a conocer tras una compleja audiencia que se extendió por más de cuatro horas este lunes en la sede de la cartera laboral, ubicada en La Plata.
Con esta prórroga, el esquema dictado por las autoridades provinciales mantendrá su vigencia hasta el próximo viernes, fecha en la que las autoridades, los representantes gremiales y los apoderados de la firma volverán a verse las caras en un intento por encontrar un cauce de solución a los 1200 despidos que la empresa pretende concretar en sus establecimientos fabriles.
El escenario de fondo abarca a tres unidades productivas neurálgicas para la economía regional: las plantas ubicadas en las localidades de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar.
A principios de septiembre, la compañía dispuso el cesanteo masivo de más de un millar de dependientes, medida que quedó en suspenso formal a raíz del dictado inicial de la conciliación obligatoria por parte del Gobierno provincial, normativa que exigía la reincorporación inmediata de todo el personal afectado y la preservación de las fuentes de trabajo.
Sin embargo, la prórroga dispuesta en las últimas horas no contó con el beneplácito de la representación sindical. Durante la audiencia en La Plata, los voceros del STIA rechazaron formalmente la continuidad de la medida preventiva.
Según expresaron desde la entidad gremial, la extensión del período de conciliación genera un perjuicio directo sobre los operarios, dado que la vigencia del trámite administrativo les impide legalmente solicitar el fondo de desempleo o acceder a otras asistencias extraordinarias.
Además, el gremio dejó asentado en el acta un severo diagnóstico sobre lo que ocurre en los hechos dentro de los establecimientos: denunciaron que, en la práctica, los 1200 trabajadores no están percibiendo sus haberes mensuales, no han sido reincorporados efectivamente a sus puestos habituales y tampoco se les ha asignado ningún tipo de tarea operativa.
De esta forma, sostienen que el cumplimiento de la orden ministerial por parte de la patronal ha sido meramente formal y sin impacto real sobre la subsistencia de los asalariados.
Entre embargos judiciales y parálisis operativa
Por el lado de la patronal, el apoderado del grupo empresario, Walter Carrizo, volvió a exponer ante las autoridades laborales y sindicales los argumentos que fundamentan la delicada crisis económica, financiera y productiva por la que atraviesa el grupo.
Carrizo remarcó el pedido formulado ante la Justicia Comercial para que se ordene el trámite conjunto de los concursos preventivos de acreedores de las firmas WADE y Granja Tres Arroyos S.A., trámite al que se suma la empresa cordobesa Avex S.A.
Según lo expuesto en el encuentro, el derrotero judicial para lograr la apertura del concurso se encuentra sumergido en un laberinto de competencias.
Los pedidos de convocatoria de acreedores fueron radicados inicialmente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda.
No obstante, dicho juzgado remitió las actuaciones al Juzgado Comercial N° 1, cuyo titular, Alberto Alemán, se declaró incompetente y devolvió las actuaciones. Ante este escenario de indecisión jurisdiccional, el expediente volvió a las manos de Páez Castañeda, quien en los próximos días deberá definir si asume la causa o eleva el conflicto de competencia a una instancia superior.
Frente a esta indefinición, la representación empresaria urgió por la pronta habilitación de los procesos concursales para posibilitar la designación de los síndicos correspondientes y obtener un paraguas judicial que permita reordenar la caja.
Carrizo detalló ante la cartera laboral que una porción sustancial de los fondos y cobranzas operativas de las sociedades comerciales se encuentra trabada por medidas cautelares y mecanismos de cobro coercitivo vinculados a deudas de causa anterior a las presentaciones del concurso.
Esta situación de asfixia, que involucra tanto embargos bancarios como retenciones directas sobre pagos de importantes clientes, genera —en palabras de los representantes de Granja Tres Arroyos— una “extraordinaria restricción de liquidez” que imposibilita de manera objetiva el cumplimiento normal de los compromisos corrientes, entre los que se encuentran los salarios del personal, comprometiendo severamente la continuidad del flujo operativo en sus plantas.
Mientras la discusión judicial no destrabe los fondos, la negociación continuará el viernes bajo el paraguas de un plazo que vence de forma inminente.
Fuente: TN
