Causa Vialidad: “De Vido no es organizador de ninguna banda”

“No se ha podido acreditar que Julio De Vido haya estado en modo alguno en una asociación ilícita, no es organizador de ninguna banda”, aseguró hoy uno de los defensores del exministro de Planificación Federal al continuar el alegato en el juicio Vialidad, que finalizará con el pedido de absolución. En tanto, la defensa analiza recusar a uno de los miembros del tribunal oral.

El abogado Gabriel Palmeiro, uno de los codefensores de De Vido, aseguró hoy que el exministro “nunca suscribió ningún acto administrativo” relacionado con los hechos investigados y que los fiscales tendrían que haber probado su participación en los supuestos ilícitos, lo que no hicieron.

El letrado insistió que la acusación que realizaron los fiscales es “arbitraria” y que “no se puede sostener”. “No tienen sustento legal, ni en materia penal”, expresó Palmeiro tras explicar aspectos técnicos sobre la aprobación de presupuestos para obra pública.

El argumento central de las defensas es que no pudo haber direccionamiento de partidas de dinero a favor de un empresario o de una provincia en particular ya que todas las obras investigadas en esta causa estaban fijadas en los presupuestos nacionales, que fueron aprobados por ambas cámaras del Congreso y pasaron por numerosos sistemas de control.

Citó el abogado los testimonios de quienes fueron los jefes de gabinete, entre ellos el actual presidente Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa y Jorge Capitanich, y otros exfuncionarios que especificaron que la Oficina Nacional de Presupuesto junto a la Secretaría de Evaluación Presupuestaria son las que evalúan y aprueban las modificaciones de partidas.

También citó el testimonio de Roberto Lavagna quien confirmó que es la secretaría de Hacienda la que elabora el presupuesto. Cuando declaró, el exministro dijo que todas las obras viales pasan por el Presupuesto Nacional, que es aprobado por el Congreso de la Nación y que tiene numerosos procesos de control y análisis.

Antes de Palmeiro, su colega Maximiliano Rusconi volvió a cuestionar a los fiscales liderados por Diego Luciani por su actuación “vergonzosa” y apeló a la responsabilidad de los jueces a la hora de juzgar.

Pedido de apartamiento

En tanto, la defensa de De Vido analiza la posibilidad de recusar a uno de los miembros del tribunal oral que debe juzgar sobre supuestas irregularidades en licitaciones de obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Baez.

El abogado Maximiliano Rusconi aseguró que es “inusual, nunca pasó” que un tribunal interrumpa un alegato para contestar un argumento de la defensa, ya que implica adelantar opinión.

Ayer en el juicio, el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, negó haber asumido una “actitud provocadora” cuando durante una de las audiencias de la causa mostró un mate con el logo del equipo de fútbol “Liverpool”, que jugaba torneos en Los Abrojos, la quinta del expresidente Mauricio Macri.

El juez hizo esa aclaración en medio del alegato final del abogado Rusconi, y en respuesta a una afirmación del letrado vinculada a “acciones provocativas” que hubo a lo largo del debate.

“Es inusual que un tribunal interrumpa un alegato, nunca pasó”, explicó Rusconi en declaraciones a Radio 10 al adelantar que evalúa pedir por escrito una recusación.

En su segunda jornada de alegatos en representación de su defendido, Rusconi siguió repasando los testigos que declararon a los largo de los tres años de juicio, que no mencionaron a De Vido, ni señalaron irregularidades.

Entre ellos citó el testimonio del ex funcionario de Vialidad puesto por el macrismo en Santa Cruz, Leandro García que había declarado “No me encontré con ninguna situación que pueda calificar de anómala”.

Al final de su testimonio en el juicio, García involuntariamente desnudó la gestión macrista. Le preguntaron qué rutas se construyeron en Santa Cruz durante el gobierno de Cambiemos. Contestó que una sola, pero no recordó cuál.

Rusconi cuestionó que los fiscales solo pidieron al Tribunal extraer testimonios de “lo que les molesta”, mientras que otras cosas “las pasan por alto”.

Una de las primeras medidas que dispuso Javier Iguacel cuando asumió en el gobierno de Macri fue una auditoría exclusivamente sobre las obras de Santa Cruz, no de otras provincias. Uno de los empresarios testigos del juicio, Carlos Wagner, al frente de la Cámara de la Construcción, dijo que era lógico que les dieran las obras a las empresas locales, ya que tienen “ventajas competitivas”.

El abogado Rusconi hoy recordó cuando Wagner declaró como testigo. En aquella oportunidad, el empresario descartó que los anticipos escondieran beneficios para las empresas, como sostenían los fiscales.

Ayer Rusconi consideró que en esta causa, en la que también está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se violaron “todas” las garantías constitucionales y que la Fiscalía construyó “un relato para perseguir a un sector político”.

“El relato del fiscal es una réplica de aquel que fue instalado en los medios de comunicación monopólicos desde 2004 a la fecha”, según afirmó el abogado Rusconi ante el Tribunal Oral Federal 2.

Fuente: diario Ámbito