Castillo anticipó que la ley Bases y el paquete fiscal “se judicializarán”

La semana pasada, a 200 días de asumir la Presidencia, Javier Milei logró la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal por parte del Congreso. 

La primera se aprobó con 147 votos a favor y 107 en contra, los cambios en Ganancias con 136 votos afirmativos y 116 en contra, y la reforma de Bienes Personales, con 134 votos positivos y 118 negativos.

Esta mañana en diálogo con Radio Altos el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, uno de los legisladores que votó en contra de los proyectos del oficialismo, aseguró que tanto la Ley Bases como el paquete fiscal serán judicializados.

En el caso del paquete fiscal entendió que al tratarse de un tipo de ley que incluye “muchas leyes en un solo cuerpo”, si una de las cámaras del Congreso rechaza solo un título, éste no podrá volver a tratarse. Sin embargo, planteó que eso no predominó y que pudo ser aprobado en Diputados, pese a l rechazo en el Senado.

Advirtió que los cambios que propuso el gobierno y que fueron aprobados provocarán que lo que el Ejecutivo nacional y las provincias recaudan por la vuelta de Ganancias, dejarán de percibirlo por la baja en Bienes Personales. “Hay una transferencia directa de los laburantes a los más altos contribuyentes”, alertó.

Y en cuanto a la Ley Bases estimó que al menos será judicializado el capítulo laboral. “Argentina es firmante de tratados internacionales que establecen que en el caso de la legislación laboral no puede haber quita derechos; los cambios pueden ser progresivos y no regresivos”, explicó.

Además, el diputado nacional informó que está en análisis la “compra” de votos en el Senado, que afirmó, permitió que La Libertad Avanza logre la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal. Mencionó los casos de la neuquina Lucía Crexell, a quien le ofrecieron el cargo de embajadora de la UNESCO, y de los peronistas Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes). Fueron nombrados en la represa Salto Grande y en la Entidad Binacional Yacyretá, respectivamente.

“Hubo una irregularidad, sin esos tres votos, no había empate, no desempataba la vicepresidenta Villarruel y la ley no se hubiera aprobado”, aseveró.

Por último, al ser consultado sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, que está vigente, recordó que el bloque del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados ha propuesto una sesión para dejarlo sin efecto, pero hasta el momento no ha logrado reunir los 129 votos necesarios para avanzar en la anulación del DNU.

“Es un decreto completamente inconstitucional, pero que sigue vigente. No hemos logrado la voluntad política para ir hacia su anulación. Vamos a redoblar esfuerzos para conseguirlo”, remarcó.