Caso Bolsonaro: la Justicia ordenó resguardar las imágenes del aeropuerto de Puerto Iguazú

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso una serie de medidas preliminares para determinar si hubo delitos vinculados con el ingreso y el egreso de Flávio Bolsonaro de la Argentina. A pedido de la fiscal Paloma Ochoa, ordenó preservar las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, inmediaciones y de la pista de despegue y aterrizaje, además de requerir informes a Cancillería y a la Dirección Nacional de Migraciones.

La medida apunta a reconstruir los movimientos del dirigente brasileño y establecer si hubo intervención de funcionarios argentinos para facilitar su salida del país, así como determinar si esa eventual intervención respondió a un requerimiento formal.

La preservación de las imágenes de seguridad aparece como uno de los puntos centrales de las primeras diligencias: permitirá contar con registros de lo ocurrido en el aeropuerto y evitar que se pierda material que podría resultar relevante para esclarecer las circunstancias del viaje.

En paralelo, los informes solicitados a Cancillería y Migraciones buscarán aportar información oficial sobre los movimientos fronterizos y las eventuales gestiones diplomáticas o administrativas vinculadas con el caso.

La investigación se originó en las denuncias presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py por la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina. Entre ellas, la impulsada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, que quedó radicada ante el juzgado de Capuchetti, y otra presentada por el diputado nacional Esteban Paulón que se anexó a ese expediente.

Las presentaciones plantearon interrogantes sobre el papel que pudieron haber tenido integrantes del Gobierno nacional y sobre las condiciones en las que se produjo la salida del dirigente brasileño. También apuntaron a esclarecer si existieron gestiones o decisiones de funcionarios que hubieran facilitado el traslado y si se omitieron controles que correspondían.

En ese marco, las denuncias mencionaron posibles responsabilidades de funcionarios nacionales, entre ellos el presidente Javier Milei, el asesor Santiago Caputo, el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Las medidas ordenadas por la jueza Capuchetti constituyen pasos preliminares para reunir documentación y registros antes de avanzar en la determinación de los hechos. El objetivo será establecer qué ocurrió, quiénes intervinieron y si existió alguna actuación irregular de funcionarios argentinos en torno al ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro del país.

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió avanzar con medidas preliminares en la denuncia realizada contra el presidente Javier Milei y funcionarios del Poder Ejecutivo, en el marco de la investigación sobre el ingreso y salida de Flavio Bolsonaro del país Fuentes judiciales informaron que la fiscal pidió diversas medidas a la jueza María Eugenia Capuchetti, que quedó a cargo del caso.

Ente las medidas se requirieron informes a Migraciones y se pidieron imágenes de cámaras de seguridad del lugar. Se investiga si de alguna manera se violó la ley migratoria en cuanto a la omisión de informar la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales.

Las denuncias que tramitan en los tribunales de Comodoro Py buscan determinar si el Presidente y otros funcionarios argentinos colaboraron para facilitar la huida del dirigente brasileño, en medio de las restricciones que le había impuesto la Justicia de su país.

Las presentaciones fueron realizadas por el diputado Esteban Paulón y el dirigente Gabriel Solano que coinciden en que la Justicia debe determinar si hubo coordinación entre distintas áreas del Estado argentino para permitir que Bolsonaro cruzara la frontera, abordara un avión privado y continuara su viaje hacia Estados Unidos.

Piden establecer si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre el dirigente brasileño y, en ese caso, si omitieron actuar o colaboraron deliberadamente para facilitar su salida.

Desde el Gobierno argentino se informó que Bolsonaro y su familia ingresaron con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales registrados en los sistemas migratorios nacionales.

Fuente: Ámbito