Cannabis medicinal: alertan que los recientes decretos implican un retroceso en salud pública

En la provincia de Buenos Aires están conformando una red de movimiento cannábico autoconvocado para defender los derechos adquiridos en los últimos años, que alertan, están en peligro por los recientes decretos del gobierno nacional.

Karina Romanelli, de la ONG Cultivo Mi Medicina, recordó que en mayo pasado mediante la resolución 1780 el Ministerio de Salud de la Nación estableció un nuevo marco regulatorio para el cannabis medicinal. Y la semana pasada avanzó con la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) mediante el decreto 462/2025.

“El 31 de julio vencen las actuales licencias de las semillas de cannabis y estamos a la espera de que estos organismos se expidan y oficialicen los mecanismos regulatorios nuevos”, planteó esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Sobre los cambios introducidos con las mencionadas normativas, remarcó que la gestión de Javier Milei está perjudicando al funcionamiento de las asociaciones civiles u organizaciones sociales que producen y garantizan el acceso al aceite de cannabis a miles de personas en todo el país.

En particular, mencionó el nuevo requisito de que cada agrupación cuente con un director médico, que tiene que hacerse cargo de todos los pacientes. “Esto va a ser una traba porque no todos los médicos se van a querer hacer responsables”, aseveró.

Y contó que las organizaciones ya están recibiendo ofertas de grupo de médicos que cobran 5 millones de pesos mensuales por cada 50 pacientes. Otros ofrecen entre 10.000 y 15.000 por pacientes. 

Aclaró que esos valores para, por ejemplo, una asociación civil, es inalcanzable porque las cuotas societarias que actualmente están cobrando son bajas. “Lo que cobramos es para poder subsistir porque lo que queremos es que todas las personas que utilizan cannabis tengan un acceso seguro y con un aceite de calidad. Nuestro trabajo es solidario”, enfatizó.

Sobre los decretos, subrayó que implican un retroceso importante en materia de políticas públicas de salud y no hacen otra cosa que obstaculizar el acceso al cannabis medicinal y vulnerar los derechos de las y los usuarios.

“Ahora queremos conformar esta red en la Provincia para plantear qué es lo que vamos a hacer en el territorio y después como organización social vamos a ir a golpearle la puerta al intendente (Federico Susbielles) porque también vamos a necesitar que nos acompañe”, adelantó.

La Ong que integra acompaña a 250 familias en Bahía Blanca, pero aclaró que hay otras organizaciones y además hay muchas personas que utilizan el autocultivo. 

Por último, opinó que el gobierno nacional con los cambios en las regulaciones busca beneficiar a las grandes corporaciones y desplazar a las agrupaciones sociales.

“De cierta manera estamos leyendo que nos quieren como descartar y nosotros somos los que venimos sosteniendo hace varios años los tratamientos de todos los usuarios y cumpliendo el rol del Estado”, recalcó.