El abogado Sebastián Mazza informó que ingenieros de la Suprema Corte determinaron que existió contradicción de los peritos entre el primer y segundo informe que presentaron.
El abogado Sebastián Mazza, esposo de Juliana, una de las víctimas fatales del derrumbe en Bahiense del Norte, brindó un detalle de los avances en la causa conexa en la que el fiscal Cristian Aguilar investiga los delitos de encubrimiento y falso testimonio.
En primer lugar indicó que no finalizó la pericia en Mar del Plata sobre una serie de teléfonos celulares, entre otros, del ingeniero Vera (perito oficial designado por la fiscalía) y del dirigente del club Faure. Hubo demoras por cuestiones vinculadas al vencimiento de la licencia del sistema que se utiliza para peritar los equipos.
“La Policía Federal ya está trabajando nuevamente con este tema y creería que en lo inmediato podrían llegar a Bahía Blanca algunas conclusiones”, estimó.
En segundo lugar, manifestó que hubo novedades sobre las conclusiones a las que arribó la Junta de Ingenieros Oficiales de la Suprema Corte de Justicia, respecto de si existía o no contradicción entre el primer informe pericial que habrían presentado el día 18 de diciembre de 2023 “las personas sospechadas” y el segundo informe con fecha 26 de febrero de 2024.
“Llegaron a una conclusión que para mí es realmente muy importante y reveladora: manifiestan que hay una contradicción entre el primer informe y el segundo”, remarcó.
Recordó que el primer informe dice textual: “según lo expresado en el informe, se verificó la existencia de defectos estructurales y constructivos en la mampostería derrumbada. Ésta carecía de los refuerzos necesarios para actuar como un tímpano resistente a acciones horizontales de presión y succión”.
Mientras que en el segundo informe se manifiesta que “a simple vista era difícil prever si el muro presentaba riesgo de derrumbe y sólo con un cálculo detallado de presiones de viento y de peso del muro podría haberse llegado a una conclusión respecto al grado de seguridad que presentaba la construcción”.
Mazza enfatizó que la conclusión de los peritos ingenieros de la Suprema Corte es que existe “una contradicción entre ambas afirmaciones”.
“En el primer informe fueron categóricos, determinantes, dijeron la verdad. Y en el segundo empiezan a alivianar lo mismo que habían dicho categóricamente, lo empiezan a tornar hipotético. Estamos en presencia de un delito por demás grave de encubrimiento realizado por funcionarios públicos”, advirtió.
En tanto, sobre la causa de origen en la que se busca determinar si existen responsabilidades penales por el derrumbe del paredón que provocó la muerte de 13 personas y decenas de heridos, muchos de gravedad, dijo que debe definir la Sala I de la Cámara Penal sobre las apelaciones de la defensa a la decisión de elevación a juicio. Los imputados son Leandro Ginóbili, presidente del club; el ingeniero Pablo Gustavo Ascolani, quien certificó las condiciones estructurales del edificio; y Laura Fabiana Soberón, funcionaria del área de Habilitaciones del Municipio.