“Se defienden con hechos, no con palabras”, dijo Milei. La medida debe cumplirse en un plazo de dos semanas.
El presidente Javier Milei instruyó este lunes a la Cancillería argentina y a los equipos jurídicos del Gobierno la apertura del “procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” contra el Reino Unido.
La decisión oficial responde al “accionar ilegítimo” británico en las Islas Malvinas y busca “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado ‘Sea Lion’“.
La medida de la administración nacional aspira a frenar la explotación petrolera y objetar “la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”. En ese aspecto, el comunicado de la Casa Rosada resaltó la urgencia de evitar “el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina”, un área bajo disputa de soberanía de acuerdo con los tratados internacionales.
Para fundamentar el reclamo, el Ejecutivo recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 2065 (XX), “reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”. Asimismo, ese documento multilateral “instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones” diplomáticas sin decisiones unilaterales.
De igual forma, el Gobierno citó la Resolución 31/49 de la ONU, la cual “instó expresamente a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación”. La Casa Rosada subrayó que la extracción unilateral de riquezas en la zona es “contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”.