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Amplio respaldo a la Ley de Discapacidad, que se encamina a ser aprobada en el Senado
La iniciativa establece los principales beneficios contemplados en la ley de emergencia. El oficialismo espera debatirlo el próximo 19 de noviembre.
El Senado respaldó con un amplio consenso el proyecto de ley de discapacidad, que mantiene los principales beneficios establecidos en la ley de emergencia que vence a fin de año, y que el oficialismo buscará sancionar en la sesión que se realizará el 19 de noviembre.
El dictamen fue respaldado por La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y bloques provinciales.
La iniciativa se debatirá este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, que presiden el libertario Agustín Monteverde y la peronista Alicia Kirchner, respectivamente.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que “el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”.
Bullrich remarcó la importancia de mantener la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo, al considerar que el trabajo es una herramienta fundamental para la integración y la autonomía de las personas.
También destacó la continuidad de los beneficios para los empleadores que contraten trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura de salud.
“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó.
La aprobación de la ley es clave para que el Gobierno pueda responder al reclamo de los bloques aliados, que exigen una norma que garantice la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad, una vez que venza la ley de emergencia que la oposición logró sancionar el año pasado y que fue vetada por el presidente Javier Milei.
Por su parte, la senadora justicialista, Juliana Di Tullio, dijo que “vamos a acompañar este dictamen para que haya certezas y para que el 31 de diciembre la emergencia en discapacidad no se caiga.”
” Vale la pena seguir peleando porque a las personas con discapacidad y a sus familias no se las lleva puestas nadie”., añadió.
En tanto, una de las pocas legisladores que cuestionó el proyecto votado en el Senado y anticipó que va a pedir reformas fue la cordobesa Alejandra Vigo.
“Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS que tampoco fueron consultadas”, apuntó.
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trasciendan a los gobiernos de turno.
Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
Fuente: NA
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