El abogado Lucas Micheloud aseguró que el decreto que prepara el gobierno de Milei es “una regresión ambiental significativa”.
El fin de semana se difundió la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar en la modificación de la Ley de Glaciares que fue sancionada en 2010 y desde diversos sectores, entre ellos ambientalistas, han expresado su preocupación.
“Es una regresión ambiental significativa”, aseveró esta mañana en diálogo con Radio Altos el abogado ambientalista Lucas Micheloud.
El decreto que prepara la gestión libertaria incluye la habilitación a la actividad minera en regiones periglaciares y así se reducirá de manera significativa las actuales zonas protegidas. “Es uno de los ecosistemas más frágiles que tiene nuestro país, por lo tanto, avanzar contra esta legislación, que fue un avance significativo allá por el 2010, es penoso, muy lamentable”, agregó.
El letrado recordó que a nuestro país le costó “muchísimo” lograr sancionar la normativa hace 15 años y que hubo mucho lobby minero para que el Congreso no aprobara la ley.
En ese sentido, aseveró que desde que se sancionó la norma, las mineras, principalmente la compañía canadiense Barrick Gold, de manera sistemática ha intentado que sea derogada. No dudó en afirmar que la firma trasnacional ha montado un plan para lograr su objetivo.
De hecho, la empresa hasta había solicitado ante la Corte Suprema la inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares.
El último intento para avanzar contra la norma, dijo, fue con la Ley Ómnibus. Pero finalmente ese capítulo de modificatoria de la normativa fue quitado del texto. “Ahora aparece este decreto, sin consenso del Congreso, con el que se pretenden imponer a la fuerza, de forma violenta, los cambios”, cuestionó.
Para Micheloud, no hay dudas que detrás del decreto que prepara el gobierno de Milei está Barrick Gold.
“Se vulnera también la democracia ambiental porque es una ley que contó con mucho apoyo social, con legitimación social y ahora se la modificará a través de un decretazo, a pedido de una corporación minera transnacional. Vulnera sin lugar a duda la transparencia, la democracia, sin perjuicio de las afectaciones que esto provocará sobre todo en la precordillera y en la cordillera de los Andes”, concluyó.