Alejandro “Topo” Rodríguez indicó que mediante el Decreto 1366 se redefinió qué empresas pueden ser consideradas proveedoras locales, beneficiando a las firmas extranjeras.
Con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1366/2026, el Gobierno de Javier Milei introdujo cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
La modificación redefine qué empresas pueden ser consideradas proveedoras locales, establece nuevas reglas para transferencias de participaciones y reorganizaciones de los vehículos de inversión y amplía las fuentes de divisas computables para financiar proyectos.
“Milei altera las reglas del RIGI a favor de multinacionales y en contra de la industria argentina”, acusó el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.
Acusó al gobierno libertario de “alterar discrecionalmente las reglas”, sin participación del Congreso.
Esta mañana en diálogo con Radio Altos, recordó que para contar con el apoyo de parte de la oposición en el Congreso y aprobar el RIGI, La Libertad Avanza había aceptado incorporar a la ley que el 20% de las compras que hagan las grandes compañías que inviertan más de 200 millones de dólares, esté reservado a la industria argentina. “Una compensación razonable y natural en cualquier país actual del mundo que, incentivando la inversión a gran escala, también cuide, alienta y promueva a la industria local”, opinó.
Sin embargo, denunció que ahora, con el decreto 1366, fueron modificadas las reglas del juego de manera unilateral. “A partir de este momento, ese cupo de 20% dedicado a la industria argentina exclusivamente, puede ser tomado por cualquier empresa extranjera que haga un simple trámite de rutina: inscribirse y tener domicilio en la Argentina”, alertó.
La consecuencia, subrayó, es que las grandes compañías extranjeras quedaron habilitadas con las pymes locales para acceder al 20% del “cupo argentino“. “Una contradicción flagrante, enorme. Lo que acaba de hacer Milei con el RIGI genera los fundamentos, los antecedentes, el marco legal, para que un gobierno que lo suceda a él modifique el RIGI en algún aspecto y no tenga que dar cuentas ante nadie”, planteó.
En ese punto, remarcó, el RIGI se promociona por parte del Gobierno de Milei como una ley que garantiza seguridad jurídica y con los cambios realizados mediante el decreto 1366, la gestión libertaria lo que está haciendo “es romper la confianza en la Argentina, alterar las normas aplicadas por el Congreso y cambiar las reglas del juego de manera unilateral en contra de la industria argentina”.
“Este es un gobierno que, aunque de la boca para afuera habla de seguridad jurídica, se ocupa permanentemente de romper la seguridad jurídica. La seguridad jurídica para Milei es la seguridad que le garantiza rentabilidad o beneficios a las grandes compañías extranjeras”, cuestionó, por último.