Preocupa a las pymes productoras de biocombustibles un proyecto que presentó Patrica Bullrich

El Gobierno nacional, mediante un proyecto de ley presentado por la senadora Patricia Bullrich, impulsa la reforma del marco regulatorio de biocombustibles que habilitaría a las grandes cerealeras globales –Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Cofco– a vender bioetanol y biodiésel a las refinerías de naftas y gasoil locales, desplazando así a las pymes que abastecen el mercado interno.

Si se aprueba, las multinacionales podrían volcar su producción de biodiésel y bioetanol localmente y, de este modo, prometen abaratar el precio del biocombustible. La normativa actual reparte el negocio: las grandes cerealeras vuelcan su producto a la exportación y las empresas locales abastecen al mercado interno.

Eso llevaría al quebranto a 27 pymes que tienen asignada la producción y venta de un millón de toneladas de biocombustibles al año, destino orientado a cubrir el corte obligatorio que deben realizar las refinerías según establece la Ley Nacional 27.640 de Biocombustibles, la que el Gobierno busca reformar completamente.

A las grandes cerealeras se les cerraron los mercados de exportación para su producción de biocombustibles; Estados Unidos, la Unión Europea y Perú impusieron barreras arancelarias y comerciales para frenar el producto argentino. Así, tuvieron que parar las plantas integradas a sus complejos oleaginosos instalados en la provincia de Santa Fe, en el litoral del Paraná.

Allí, las multinacionales tienen ociosa una capacidad instalada para generar 3 millones de toneladas de biocombustibles por año. Argentina, entre 2016 y 2018, fue el principal exportador mundial de biodiésel, con 1,8 millones de toneladas.

Daniel González, secretario nacional de Energía y Minería, reconoció en el Senado que el marco regulatorio propuesto “tiene ganadores, perdedores, afectados”.

Argentina fue pionera en la producción de biocombustibles, pero frenó su impulso en la región. Por caso, Brasil ya cuenta con un corte obligatorio del 15% de biocombustibles en el gasoil y las naftas.

El proyecto oficial enfrenta a las empresas del complejo agroexportador —representado en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC)— con las pymes productoras de biocombustibles, las cuales se integran en dos cámaras: la que agrupa a las de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis (CEPREB) y la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).

El director ejecutivo de la CEPREB, Federico Martelli, dijo a Letra P: “El proyecto de Bullrich pretende una libre competencia imposible entre las pymes y las grandes cerealeras, lo cual no se puede hacer por el dato más básico: las grandes cerealeras proveen a las pymes el aceite para fabricar los biocombustibles y, además, se lo cobran más caro que el precio de exportación del mismo aceite”.

Resaltó también que no hay libre competencia porque las cerealeras “no pagan ingresos brutos ni impuesto al cheque sobre su materia prima porque ya la tienen en sus plantas, y el biocombustible es un paso más de su cadena”.

Fuente: Letra P